Una sentencia del Tribunal Supremo reconoce el derecho de reversión del suelo del antiguo aeródromo militar de Reus a los propietarios que fueron expropiados y pone en duda la titularidad de los terrenos del aeroclub del Grau de Castelló donde la Generalitat y el ayuntamiento preven construir la Ciudad de las Lenguas.
Los magistrados del alto tribunal han estimado el recurso de 100 propietarios que reclaman la reversión de los terrenos expropiados en 1941 para el aeródromo militar de Reus, que en 1998 se convirtió en una instalación civil que se ha terminado convirtiendo en aeropuerto del ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
El caso de Reus representa un supuesto casi idéntico al de Castelló que se suma a los antecedentes de otras instalaciones de aviación como las de Logroño y Jerez de la Frontera. Todas ellas se construyeron en terrenos que fueron expropiados de modo forzoso a sus propietarios con objetivos militares.
Más de medio siglo después, el Supremo ha concluido en un fallo emitido el pasado mes de enero que los propietarios siguen ostentando el derecho a recuperar sus tierras. «El derecho de reversión no cede ante el hecho de que, por su nueva destinación, el bien expropiado esté afectado a un uso o servicio público; y ello porque, en rigor, siempre cabe la desafectación del dominio público, a fin de permitir que el antiguo propietario vea satisfecho su derecho de reversión. Lo decisivo en materia de derecho de reversión, en suma, es que ya no se cumpla el fin que justificó la expropiación, independientemente de la nueva destinación que se dé al bien expropiado».
Las fincas que ocupan el actual aeroclub castellonense, que en menos de un año debería ser trasladado al nuevo aeropuerto de Vilanova, fueron expropiadas en 1935 con fines militares y posteriormente se convirtieron en una instalación civil. Este cambio de uso sirvió de argumento a los múltiples propietarios de los terrenos –todos ellos de una misma familia– para reclamar ante el ayuntamiento la propiedad de alrededor de 500.000 metros cuadrados en primera línea de playa que una vez cerrada la base militar fueron clasificados como suelo dotacional público.
Según confirmaron fuentes próximas a la propiedad, el consistorio ofreció una cantidad económica compensatoria que los dueños rechazaron al considerarla injusta, aunque hasta la fecha no se ha iniciado la vía judicial.
No obstante, un sector de los propietarios confirmó ayer que mantienen su intención de reclamar la titularidad del suelo con el aval de las escrituras y de los recibos de contribución que abonaron durante años al ayuntamiento.
Proyecto millonario
El vicealcalde, Javier Moliner, anunció en enero que la adjudicación del proyecto del Master Plan de la Ciudad de las Lenguas, documento que marcará las líneas maestras de este desarrollo urbanístico, estará finalizado en abril.
Moliner destacó que se primará la «integración paisajística» y que la urbanización sea de «baja densidad», aunque confirmó que no existe a priori una limitación de las alturas edificables en uno de los últimos espacios de primera línea de playa libres de barreras visuales. La única condición es que se construyan como máximo 500.000 metros cuadrados de techo, aunque sin especificar si se aprovecha a lo alto o a lo ancho.
