El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró ayer que el recorte que el Gobierno central ha aplicado este año al Fondo de Acogida e Integración «afectará a un total de 835 actuaciones para la integración de inmigrantes, desarrolladas por 139 ayuntamientos y 15 mancomunidades de la Comunitat».
En Castelló, la disminución del fondo hace peligrar 217 programas de integración, puestos en marcha por 32 ayuntamientos y 3 mancomunidades de la provincia.
Estas iniciativas se financian a través de un convenio entre la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, sufragado en su mayoría por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Para solicitar estas ayudas, los municipios deben tener como mínimo un 5% de población extranjera.
Gracias a las ayudas del fondo, los ayuntamientos financian, entre otros, programas contra el racismo y la exclusión social, a favor de la convivencia de culturas y el conocimiento mutuo, y de orientación sobre trámites relacionados con la residencia. Además, cubren necesidades básicas de la población inmigrante.
En definitiva, «todas estas actuaciones son necesarias para favorecer la convivencia en todos los barrios y municipios de la Comunitat», según Blasco.
«Debido al brutal tijeretazo del ministro Corbacho, peligran, por falta de presupuesto, la mayoría de los servicios de acogida e integración que los municipios valencianos ofrecen actualmente a su población inmigrante», algo que Blasco ha calificado de «vergonzoso e intolerable en una Comunidad en la que residen cerca de 890.000 inmigrantes».
Según el titular de Solidaridad y Ciudadanía, «los servicios municipales son los primeros a los que acuden los inmigrantes y su labor es esencial de cara a una efectiva integración de los extranjeros en nuestra Comunitat, por lo que la desaparición de cualquiera de ellos sería una gran pérdida y un retroceso en lo logrado hasta el momento por nuestra región en materia de inmigración».
En este sentido, señaló que las medidas que adopta el Gobierno socialista «son totalmente injustas porque perjudican a los más débiles, a los que menos tienen».
La Generalitat deriva a las entidades locales un 40% de la parte del fondo que corresponde a la Comunitat Valenciana. El pasado año, los ayuntamientos recibieron 8,9 millones de euros de los 22,9 millones que el ministerio destinó a la Comunitat para actuaciones destinadas a la inmigración.
