El Consell rectificó ayer «in extremis» en las Corts y renunció a derogar la ley de coordinación de las diputaciones, la única norma vigente que somete a los presidentes de las corporaciones provinciales a la política de la Generalitat. Las facultades que otorga al Consell nunca han llegado a ejercitarse pero suponen, al menos sobre el papel, una espada de Damocles y comportan una carga simbólica incuestionable sobre el papel subordinado que deben prestar las diputaciones. Habrá que ver qué sucede el día en que el titular de una diputación sea de un partido distinto al de la Generalitat. La ley de las diputaciones detalla las competencias que se supeditan a la política del Consell y faculta a éste a retirar las subvenciones si no siguen sus «directrices».
El proyecto de ley de régimen local derogaba la norma, pero una enmienda de Compromís, apoyada por el PP, la mantiene, con lo que el Ejecutivo de Camps retiene el derecho a intervenir en la política de los «barones» provinciales. El pleno aprobó la ley de los municipios con los votos del PP y Compromís y la abstención de Esquerra Unida, quedando el PSPV solo en el rechazo a un texto que no cuantifica ni concreta el criterio de reparto del Fondo de Cooperación Local prometido por el Consell desde 1999.
Los populares rechazaron todas las enmiendas del PSPV y aprobaron un buen número de Compromís y EU. Los primeros estaban interesados en marcar distancias con los socialistas, animados por los sondeos. Pero, salvo la ley de diputaciones, no hubo novedades de calado. El síndic de Compromís, Enric Morera, mantuvo que no es «una ley del gobierno, sino que viene del municipalismo y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias», donde el PSPV, sostuvo, la aprobó. Una afirmación que rechazó el socialista Joaquim Puig, quien sacó el acta de la FVMP para recalcar que el PSPV apoyó que se promoviera una ley local, condicionado a que se detallara el citado fondo de cooperación.
Morera destacó los «avances sustantivos» para «valencianizar» la norma, como el refuerzo a que los municipios aprueben una única denominación, el requisito del grado medio en las plazas que exijan ese nivel de conocimiento del valenciano o el reconocimiento a nombres históricos como «batlle» (alcalde) o «Casa de la Vila».
El fondo, para 2011
Puig denunció que la ley «nace muerta» ya que no supone más competencias ni financiación y se «pierde la oportunidad» de desarrollar el fondo, un mandato del Estatuto. La memoria económica del Consell admite que, de la ley, no se desprende «coste alguno» por la creación del fondo. «Es una ley Blasco, no sirve para nada».
El popular Asencio se escudó en la insuficiente financiación de la Comunitat, aunque resaltó que, sin existir esta medida, el Consell ya destina 1.000 millones a los alcaldes. También Morera y Lluís Torró (EU) coincidieron en que la financiación debe resolverse a nivel estatal, ya que la dotación autonómica es un parche. Asencio acusó al PSPV de «autoexcluirse», y avanzó que el fondo se desarrollará antes del final de la legislatura. La nueva norma obligará a los concejales a hacer públicos sus bienes; exige que las cuentas locales se presenten ante la Sindicatura para optar a subvenciones autonómicas; y potencia la participación ciudadana con figuras como el Defensor del Vecino.
