El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló ha decretado el archivo de la querella interpuesta por el representante de Iniciativa Aquaspa SL, el ex conseller Joaquín Farnós, contra el equipo de gobierno de Francesc Colomer y el secretario del Ayuntamiento de Benicàssim, por un presunto delito de prevaricación en el PAI Pontazgo. La denuncia se centraba en la adjudicación del contrato de construcción del Centro Termal Agua Marina, a la empresa Altiplà SL. Un proyecto que ahora se desbloquea de nuevo.
En su auto, el juez es contundente al aseverar que «no se aprecia que la actuación de los integrantes de la corporación local de Benicàssim suponga una desviación o torcimiento del derecho». Y añade que «no se incurre en una prevaricación» por lo que dispone «el archivo de las presentes actuaciones por no ser los hechos objeto de la misma constitutivos de infracción penal».
Tras la resolución judicial el grupo de gobierno sopesa la adopción de medidas legales contra los firmantes de la querella por «acusación y denuncias falsas». El alcalde, Francesc Colomer, se mostraba ayer satisfecho, porque «hemos actuado siempre de acuerdo a la ley», y «respetuoso» con las decisiones judiciales.
El alcalde se remitía a un comunicado conjunto del grupo de gobierno (PSPV, EU y Bloc) en el que reiteran que, tal y como refrenda el juez en su resolución, «siempre hemos defendido, que todo el proceso se ha realizado respetando la legalidad vigente y que este asunto se iba a resolver a favor de los intereses de los ciudadanos de Benicàssim».
Afirman lo concejales que, tanto en este caso como en otros procesos urbanísticos, las decisiones «han venido avaladas por los informes técnicos necesarios y han seguido todos los procedimientos adecuados a la legalidad, con total transparencia». Y recalcan que sus decisiones «siempre se realizan en defensa del interés general de los vecinos», por lo que lamentan que «en ocasiones determinados intereses particulares y partidistas no entiendan esta forma de actuar y utilicen todas las argucias posibles para entorpecer la labor municipal y frenar iniciativas claramente beneficiosas para Benicàssim».
Justifican también los beneficios del sector para el municipio por su marcado acento social y turístico, al construirse un balneario de agua marina público, que consolida la apuesta por el turismo familiar y de salud. Al tiempo se prolongará el paseo de la playa del Voramar hasta la línea con Orpesa.
El equipo de gobierno siempre ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que detrás de esta querella «hubiera un trasfondo político» al existir «una sospechosa coincidencia entre los argumentos que utilizan los querellantes y los esgrimidos por otros grupos políticos de la población».
Por su parte, Joaquín Farnós, dijo ayer desconocer el contenido de la resolución del juzgado castellonense, y que, una vez la tuviera en su poder, daría su opinión y línea a seguir en este proceso que se remonta ya a 2002 cuando se aprobaron las bases orientativas para seleccionar los agentes urbanizadores del PAI Pontazgo.
Cambio de uso polémico
La decisión del grupo de gobierno actual de optar por permutar el aulario previsto en la zona por un SPA o centro de uso termal fue la que desencadenó el procedimiento judicial, al considerar el ex conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, que no se había respetado el principio de publicidad del procedimiento.
Otros recursos pendientes
El archivo de la querella presentada por el grupo empresarial representado por Farnós no es el único frente que tiene abierto el consistorio en el plan de actuación integrada (PAI) Pontazgo, dado que, entre otros, está pendiente de resolver la ejecución de una sentencia favorable a Farnós en la que se insta al consistorio a anular la unidad de actuación 28, que afectaba a edificios propiedad del hotel termas Marinas.
