La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Vila-real ha archivado de forma provisional las diligencias previas que se seguían desde 2008 contra el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Burriana, Francisco Isach, al que se acusaba de haber cometido presuntamente un delito de prevaricación administrativa por haber condonado el pago de las tasas del enganche de la grúa municipal a amigos y familiares.
Según el auto de sobreseimiento provisional sin delito –emitido el pasado 14 de junio– la juez considera que no aparece «debidamente justificada la perpetración del delito» que había motivo la formación de la causa, por lo que decreta el archivo. El auto de la juez avala la petición tanto de la defensa del propio concejal como de la Fiscalía, que también había solicitado el archivo respecto de los hechos imputados al ex edil de Policía y actual responsable de Agricultura en el gobierno de José Ramón Calpe.
La Fiscalía, en su escrito de 3 de junio remitido al juzgado, pedía el archivo de las actuaciones –al igual que hizo en su día al respecto de la denuncia contra el concejal Juan Granell, que llegó a estar imputado– por entender que, pese a haber quedado acreditado que Isach intervino en las devoluciones de varios vehículos, éstas se hicieron más por «justicia material» que por un propósito «deliberado de contravenir la ley, no habiéndose quedado acreditado que tratase de favorecer a unos ciudadanos en perjuicio de otros» por causas de «amistad, simpatía, parentesco u otras similares».
«Cercanía con el ciudadano»
Así, el fiscal recoge algunos de los supuestos en los que intervino Isach para devolver los vehículos que habían sido retirados y concluye que su actuación se corresponde más «a situaciones de humanidad y justicia material que a una clara voluntad de perjudicar al ayuntamiento. Es decir, en vez de seguir el correspondiente procedimiento administrativo –recurso contra la resolución sancionadora y de enganche, comprobación de los hechos e informe policial y resolución– se optó por la vía más fácil y rápida de en la propia boleta de enganche de la grúa de hacer constar que se procedía a la devolución del vehículo retirado» atendiendo, asegura el fiscal, a la costumbre seguida de la «cercanía con el ciudadano».
Por todo ello, el fiscal considera, y así lo ha tenido en cuenta la juez, que lo procedente no era «seguir proceso penal contra él por estos hechos, sino acordar su sobreseimiento». Con todo, éste es provisional por lo que se podría recurrir la decisión del juzgado.
En el ojo del huracán
La decisión de la juez de Vila-real cierra un proceso político y judicial que ha mantenido a Isach en el ojo del huracán desde la admisión a trámite de la denuncia en 2008. El ruido político por los boletines de los enganches de la grúa dejó paso al judicial después de que la portavoz del grupo Cibur, Mª Dolores Aguilera, decidiera llevarlos a la Fiscalía para investigar las condonaciones del pago de las tasas. El fiscal entendió que podría haber delito y pidió la apertura de una investigación que hizo desfilar por el juzgado a Isach como imputado pero también a Juan Granell, cuya causa fue archivada al poco, y a dos inspectores de la policía que también fueron imputados por unos días.
Junto a ellos declararon en calidad de testigos cerca de cuarenta agentes de la Policía Local, el actual alcalde José Ramón Calpe y su predecesor en el cargo, el senador Alfonso Ferrada, la interventora municipal, la concejala de Cibur que se personó como acusación particular o el responsable del servicio de la grúa.
Conforme el proceso se dilataba, la figura de Isach iba perdiendo peso político en el gobierno de Calpe hasta el punto de que, actualmente, sólo cuenta con la cartera de Agricultura, cuando comenzó el mandato ocupándose de Fiestas, Vía Pública y Cementerio para asumir después también Deportes. Desde la oposición han sido varias las voces que, en este tiempo habían pedido su destitución.
