Los millones y millones de euros que costará acondicionar las zonas dañadas por el incendio de l´Alcalatén ha propiciado que los consistorios insistan en reclamar indemnizaciones, en el caso de que se demuestre que hubo negligencia. El alcalde de Llucena, Vicent Nebot, señaló ayer que ya eran conocedores de que cuando ocurrió el incendio se estaban haciendo trabajos, «creíamos que de soldadura». «Desde el primer momento, los ayuntamientos solicitamos al fiscal indemnizaciones por los daños ocasionados», añade el primer edil. Además, Nebot cree que la Generalitat también solicitará una compensación económica por las ayudas que aportó a los pueblos afectados.
Por su parte, el alcalde de l´Alcora, Javier Peris, comentó que su municipio ha sido uno de los menos dañados y que ha podido hacer frente a las mejoras. No obstante, asegura que «estaremos pendientes de la actuación del fiscal y apoyaremos a las localidades vecinas».
La cifra por daños asciende a 14,5 millones de euros, aproximadamente, según se detalla en el auto del Juzgado de Instrucción número dos de Castelló en el que se insta a la apertura de un juicio oral al considerar que se pudo haber incurrido en un delito de incendio forestal recogido en el Código Penal.
En el mismo auto se explica que el fuego se originó por la ejecución de unos trabajos de mantenimiento en una torre eléctrica. La jueza añade que, además, la empresa no había solicitado los permisos exige la ley y que tampoco se tomaron las medidas de seguridad pertinentes. En concreto, se habla del uso de una radial que habría lanzado partículas incandescentes a la masa forestal provocando el fuego que, en 2007, arrasó con con 5.775 hectáreas de los municipios de de les Useres, Costur, Atzeneta, Figueroles, Lucena del Cid, l´Alcora y su pedanía de la Foya.
Hay más de 500 propietarios de terrenos afectados y numerosas parcelas, caminos e infraestructuras públicas.
