Cuarenta funcionarios del Ayuntamiento de Burriana han presentado un recurso contencioso administrativo en el Juzgado Nº1 de Castelló contra la decisión que tomó el pleno el 25 de junio de este año, relativo a la integración en el régimen de asistencia médico-farmacéutica de la Seguridad Social de los funcionarios que hasta el momento contaban con un seguro privado.

Junto a los funcionarios, el sindicato de CC OO anunció ayer que si el pleno aprueba desestimar mañana el recurso que se presentó, también llevarán el caso al juzgado para «seguir los pasos de los funcionarios que ya han acudido».

Cabe recordar, que el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Burriana aprobó en pleno extraordinario la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios actualmente cubiertos por una compañía privada de seguros de salud, Adeslas, cuya asistencia médico-farmacéutica asumía el ayuntamiento. El equipo de gobierno explicó que «según los informes emitidos por la Tesorería Municipal, tras estudiar los costes de los ejercicios de 2008 y 2009, el ahorro anual que supondrá la integración de estos funcionarios en la Seguridad Social podría situarse en torno a los 160.000 euros».

Los funcionarios buscan con el recurso volver a tener el seguro «y esperamos ganar». Ahora el ayuntamiento deberá notificar a todos los funcionarios que se encuentran en esta situación, que concretamente son 94, si se suman al recurso o no. Los funcionarios afectados por este cambio son los que llegaron a la administración local antes de 1993.

Un paso «legal»

Por su parte, el alcalde, José Ramón Calpe, dijo estar «tranquilo». «Nosotros teníamos muy estudiado el paso, era legal, y había antecedentes. En el recurso que se presentó hay un informe de la secretaria y la invocación de jurisprudencia del Tribunal Supremo, diciendo que la actuación del ayuntamiento es correcta».

Respecto a la opción de ir a los tribunales, el alcalde consideró que es «legítimo, pero estamos tranquilos jurídicamente, lo que hicimos es legal, y no nos preocupa». Calpe aclaró que la medida «no está hecha para perjudicar a los funcionarios. Los funcionarios tienen garantizada una asistencia sanitaria en el sistema español, y en la Conselleria de Sanitat. Todo el mundo considera que es uno de los mejores sistemas que hay en el mundo, y tenemos la tranquilidad que los funcionarios están perfectamente atendidos, que es legal y que nos permite un ahorro de 160.000 euros al año, creo que hemos dado un paso correcto».

CC OO denuncia las formas

Junto a ello, el delegado de CC OO, Javier Delgado, explicó que el recurso que presentaron en su momento en el ayuntamiento «fue por las formas en las que se realizó la decisión. No se negoció, sino que se dijo que se pasaba a la Seguridad Social, cuando mucha gente estaba en pleno proceso de tratamiento de una enfermedad, y no se les notificó nada». Delgado destacó que «queremos defender que no fueron las formas adecuadas, y que se tenían que respetar los plazos».

Ante esta situación, Delgado anunció que seguirán los trámites para presentar el recurso al Juzgado, y «unificar los criterios con los funcionarios que ya lo han presentado. Tenemos dos meses a partir de la desestimación, para estudiar y presentar el recurso ante el Juzgado, y es lo que haremos».