La Asociación de vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguaoliva de Benicarló ha anunciado que a finales de esta semana presentarán una querella contra la Dirección General de Costas por no cumplir con las obligaciones de la administración y actuar en la protección de la costa norte. Los propietarios, que se acogen al artículo 2 de la Ley de Costas, justifican esta decisión asegurando que transcurridos nueve años, el gobierno central no ha tomado medidas para proteger ese tramo de litoral.
La noticia llega después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia que la entidad presentó hace ya un año. Los responsables de la plataforma vecinal responsabilizan en parte a los servicios técnicos del consistorio de que la denuncia ante la fiscalía no haya prosperado y acusan al arquitecto municipal de haber explicado en el informe solicitado por la Fiscalía que se trata de una zona «rústica» y haber omitido que las viviendas construidas en la línea de los 100 metros «cuentan con la correspondiente cédula de habitabilidad y fueron levantadas entre 1965 y 1986, al amparo del plan general de la época». En aquel momento, la zona estaba catalogada como semiurbana y la construcción estaba permitida.
Según explicó el presidente de los vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguaoliva, Manuel Roca, ante una primera resolución desfavorable para los intereses de los propietarios, la entidad se vio obligada a remitir a la Fiscalía la documentación que acredita la legalidad de esas viviendas, así como las fotos y el acta notarial que se levantó a raíz del último temporal. Fue ante estos hechos, que la Fiscalía recomendó al colectivo que llevaran su caso ante el juzgado de instrucción.
Esperanzados
«Ya nos habían dicho que en Fiscalía había pocas opciones, sabíamos que investigarían el tema, pero ahí se quedaría todo. Sin embargo, los asesores legales de la asociación son muy optimistas y ven muchas posibilidades de que el caso prospere por la vía del juzgado de instrucción», indicó Roca.
El presidente de los vecinos de la costa norte se refirió a los «continuos escollos que plantea el arquitecto municipal» y recordó cuando «irónicamente se perdió la documentación municipal» que atestiguaba que las partidas del litoral norte fueron años atrás urbanas o «cuando situó en el concierto previo un parque agrícola en la partida de Aiguaoliva, a pesar de los problemas de salinización de los pozos en la primera línea de costa o en esta última ocasión al omitir en su informe que las viviendas de la zona que están en peligro son viviendas consolidadas y legales». Ante estos hechos, exigió la constitución de una gerencia de urbanismo que actúe de forma independiente. «Ya estamos hartos de que los informes no sean objetivos», apuntó Roca.
