El PP en la diputación aprobó ayer en pleno el Plan Provincial de Obras de 2011 con el reparo de la interventora, que advierte de que no se ha podido acreditar la existencia de crédito para financiarlo. Además, la aprobación se produjo sin el informe jurídico del secretario. Los municipios beneficiarios se quedan en una situación de incertidumbre, ya que no hay garantías de que la diputación podrá cumplir sus compromisos.
El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POYS) es la principal herramienta de la diputación y la única fuente segura de inversión para los ayuntamientos. Para el año que viene prevé casi 13 millones de euros para cofinanciar 226 actuaciones en todas las localidades castellonenses. El POYS se ha dividido en dos bloques: uno de 2,2 millones para los municipios de menos de 1.500 habitantes y otro de 10,5 millones para los de más de 1.500 habitantes. En el primero, el Estado y la diputación aportan cada uno algo más de un millón y los municipios 165.000 euros. En el segundo, la diputación pone 6,8 millones y los ayuntamientos 3,7 millones.
Restricción para endeudarse
En ambos casos, el informe económico de Intervención pone reparos porque no se puede acreditar la existencia de crédito. La interventora recuerda que en los últimos años la aportación de la diputación al POYS se ha financiado con el préstamo que solicita a los bancos para inversiones. Sin embargo, el año que viene habrá una «situación extraordinaria», establecida ene l Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, donde se limita el acceso al crédito para poder financiar las inversiones. La interventora tampoco dispone del presupuesto para comprobar que se han habilitado partidas para costear el Plan Provincial: «No se puede acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para la cobertura del gasto en el año 2011. Se deberá reflejar en el proyecto de presupuestos de 2011, que a fecha actual no consta en esta intervención», explica.
El gobierno de la diputación afirma que la aportación provincial queda condicionada a la obtención de crédito extraordinario, que espera conseguir gracias a los remanentes (sobrantes) de este año. De momento, se desconoce cuánto dinero se va a conseguir por esta vía. No se se sabrá hasta que se liquide el presupuesto de este año, un proceso que tendrá lugar a lo largo de 2011.
A esto se añade que el POYS carece del informe jurídico. En el pleno de ayer se dio una situación anómala, ya que el secretario advirtió de esta situación y propuso dejar los dos puntos encima de la mesa, sin someterlos a votación. El presidente Carlos Fabra se opuso y forzó su aprobación.
El portavoz socialista en la institución, Francesc Colomer, incidió en la contradicción del equipo de gobierno y los técnicos. Además, destacó que el vicepresidente primero, Francisco Martínez, le había garantizado que no habría ningún problema en aprobar el plan, cosa que desmintió el propio secretario.
Bloqueo de las ayudas a l´Alcalatén
Los tres millones aportados por el Estado a los municipios del l´Alcalatén afectados por el incendio de 2007 llevan más de dos años en una cuenta bancaria del BBVA de la que es titular la Diputación de Castelló. Sin embargo, todavía no se ha hecho uso de este dinero. El bloqueo viene motivado por la discrepancia entre la administración central y la autonómica y provincial sobre la aportación de cada una.
El Estado ingresó los tres millones en octubre de 2008, como reconoce el propio Carlos Fabra. Sin embargo, para poder utilizar este dinero, otra administración debe aportar una cantidad similar. La Generalitat y la diputación argumentan que entre las dos ya han desembolsado tres millones en ayudas a los municipios (2,5 millones la primera y medio millón la segunda). Según el portavoz del PP en la diputación, Vicent Aparici, el problema es que «el Gobierno central no quiere admitir esta liquidación». «Entendemos que hemos cumplido», añadió.
El socialista Francesc Colomer preguntó si ese dinero «ha llegado realmente a los pueblos». Cuestionó que, en caso de existir esas ayudas, se ajustaran a la tipología que requería el Estado. Colomer lamentó que la ayuda estatal «está estancado por la desidia de la diputación y de la Generalitat, que no aportan la parte que les corresponde·.
En la misma línea, al diputada del Bloc, Maria Gràcia Molés, instó, a través de una moción, a pedir a la Generalitat que aporte los tres millones restantes. Recordó que el dinero estatal puede perderse si no el gobierno valenciano no aporta la misma cantidad antes de septiembre de 2011.
Por otra parte, el presidente de la diputación, Carlos Fabra, negó que incumpla la doctrina que pregona Mariano Rajoy sobre la contención del gasto en las instituciones y la «poda» de cargos públicos. Carlos Fabra manifestó que no piensa reducir el número de asesores de la institución provincial, porque lo que Colomer entiende como «exceso» él lo ve como lo necesario.
Cifra de asesores adecuada
«Yo creo que tengo los asesores que debo tener», afirmó el líder popular y subrayó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero «tiene 650 asesores y a mí me parece una burrada». También dijo que la Diputación de Toledo ha comprado 1.300 cestas de Navidad, algo que él cree un «despilfarro» que en Castelló no se hace.
