La fórmula elegida para el aeropuerto, de promoción pública y explotación privada, ha supuesto y va a suponer en el futuro un importante desembolso económico para la Generalitat.
Con las obras a punto de acabar, la concesionaria exigió una modificación del contrato que le liga a Aerocas durante los 50 años. Pidió una mejora de las condiciones o, en caso contrario, un rescate público de la concesión. Las negociaciones entre ambas partes se materializaron el pasado miércoles en forma de un nuevo contrato ventajoso para la concesionaria y gravoso para la Generalitat.
La administración autonómica, a través de Aerocas, se compromete a asumir las pérdidas de Concesiones durante los próximos ocho años. Además asume el papel de gestor aeroportuario y correrá con el gasto de controladores, bomberos o seguridad. Todo ello supondrá un desembolso de entre seis y ocho millones de euros anuales, lo que hace un total de entre 48 y 64 millones al finalizar el periodo de ocho años. Concluido este plazo, ambas partes se sentarán de nuevo y acordarán si siguen juntos o hay un rescate público de la concesión.
No es el único desembolso que ha tenido que realizar la Generalitat, que ha asumido los sobrecostes de la obra. Fue el caso de los 18 millones que supuso la paralización decretada por el Ministerio de Fomento en 2005. También ha pagado el tendido eléctrico y los nuevos accesos viarios. Además, aportó un préstamo de 46 millones a la concesionaria para cubrir el 40% de la inversión.
