Nunca antes en la historia de la democracia en Castelló se había dado el caso de un juez instructor que se ve obligado a pedir el amparo del Poder Judicial al verse sometido a presiones de un órgano superior, como es la Audiencia Provincial, para obligarle a dar carpetazo a un asunto por corrupción política.
Así, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, que ayer asistió a un acto en Castelló, aseguró que a lo largo de sus 40 años de ejercicio profesional solo recuerda un par de casos similares en todo el país, por lo que ha calificado la queja de Pin de "hecho gravísimo" y "excepcional". "Es probablemente el hecho que más puede vulnerar la administración de Justicia: atentar contra la independencia de un juez. Pensar que la propia judicatura pudiese atentar contra este principio es de suma gravedad", dijo.
Tampoco el fiscal jefe de Castelló, Javier Carceller, recuerda un caso parecido en su larga trayectoria profesional. "Recuerdo una recusación por un asunto de Oropesa, pero no tiene nada que ver con esto", aseguró.
Si el Consejo General del Poder Judicial considera que la materia por la que Jacobo Pin ha solicitado el amparo es "delictiva", podría abrirse incluso una investigación penal para depurar responsabilidades, más allá del expediente disciplinario, según fuentes jurídicas.
El juez Pin recuerda en su escrito de amparo que si actuase como le ha ordenado Domínguez "vulneraría" el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías que "ampara a las partes procesales (...), además de incurrir en una grave incoherencia".
El escrito de Pin lamenta que la sala primera de la Audiencia le ordene el archivo de la causa por cohecho contra Fabra, imponiéndole así una "decisión que la ley deja exclusivamente en manos del juez instructor".
