El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano enmendó ayer la plana al subdelegado en Castelló, David Barelles, y revocó la prohibición de la cadena humana en Vinaròs, al no apreciar los riesgos que había detectado el representante del Gobierno. También dejó en evidencia al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien avaló la prohibición y la consideró "jurídicamente muy bien fundamentada".
A apenas 48 horas de su celebración, el Gobierno vetó la cadena humana en Vinaròs, después de haber dicho que era legal. El subdelegado basó su decisión en un informe de última hora del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castelló que alertó de un supuesto peligro para la seguridad vial y ciudadana.
Sin embargo, los argumentos esgrimidos se sostenían a duras penas, ya que los Mossos d'Esquadra tenían previsto cortar la N-340 en el lado catalán, dejándola sin vehículos. El TSJ incidió ayer en su auto en que las restricciones previstas en Cataluña implicarían "una sensible reducción del tráfico" en los 400 metros del tramo valenciano de la N-340 donde se convocó la cadena humana. Por ello, el alto tribunal concluyó que el riesgo para la integridad física esgrimido por la Subdelegación carece de "entidad suficiente" para justificar la prohibición, en la medida que es "mínimo e incluso inexistente de establecerse la oportuna vigilancia por la Guardia Civil de Tráfico".
Los magistrados aplicaron la doctrina del Tribunal Constitucional que favorece el derecho de reunión y manifestación. También el principio del Constitucional de que resulta insuficiente para justificar la prohibición de este derecho la "mera sospecha o simple posibilidad" de que se produzca una perturbación de otros bienes o derechos protegidos constitucionalmente. Por ello, revocó la resolución del Gobierno y le impuso las costas del proceso.
En la resolución del subdelegado que prohibía la cadena humana se alegaban otros motivos, como la imposibilidad de habilitar itinerarios alternativos a la N-340 para los vehículos. Un argumento que se cayó por su propio peso cuando la DGT informó de las rutas alternativas a la carretera nacional para sortear la cadena independendista. Incluso el subdelegado citó los perjuicios económicos que supondría para los negocios de la N-340 el cierre de esta carretera, abriendo la puerta a que se invoque este argumento cada vez que se convoque una manifestación.
Barelles acata
A David Barelles no le quedó otra que acatar el correctivo judicial. Fuentes de la Subdelegación apuntaron que Barelles, en este supuesto, "no podía obviar el informe de la Guardia Civil". Destacaron que el fiscal coincidió con las tesis de la Abogacía del Estado en el sentido de considerar que la concentración generaba un riesgo para la integridad de los manifestantes que justificaba la prohibición.
Para la celebración de la concentración, cortó el punto kilométrico 1.058 de la N-340 en el carril coincidente con el arcén donde se situó la cadena, mientras que el otro sentido lo dejó como vía de emergencia.
