El Tribunal Supremo (TS) celebrará el próximo miércoles una vista pública para revisar el recurso que el expresidente del PP provincial y de la Diputación de Castelló Carlos Fabra presentó contra la sentencia que le condenaba a cuatro años de prisión por cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública al haber estafado más de 693.000 euros entre 1999 y 2003.
El alto tribunal escuchará las alegaciones de la defensa del exmandatario «popular» y las de su exmujer, María Amparo Fernández, condenada a dos años de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, así como las de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En la causa, conocida como Caso Fabra, también se personó como acusación popular la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana.
La sala estará presidida por Joaquín Giménez y conformada también por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Luciano Varela, quien será el ponente de la sentencia que dicte el Supremo en este asunto. El exdirigente del PP se sentó el pasado octubre en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal tras una instrucción de un caso que se prolongó durante diez años y pasó por las manos de hasta nueve jueces distintos.
Finalmente, fue condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, al pago de una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar al fisco con la misma cantidad. La Fiscalía pidió en el juicio que Fabra fuera condenado a 13 años de prisión y pagara una multa de 1,98 millones de euros.
Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Castelló el pasado noviembre Carlos Fabra se declaró «inocente», mostró su satisfacción por la absolución del cohecho y el tráfico de influencias y anunció que recurriría la resolución ante el Supremo y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
Cabe recordar que el origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.
