La compañía gestora del sistema gasista en España (Enagás) canceló su compromiso de adquirir hasta 50% de las acciones de la plataforma Castor aduciendo que existían condiciones suspensivas del contrato (como la falta de operatividad de las instalaciones) a las cuales no se acogió el Gobierno para evitar la indemnización de 1.460 millones de euros a la concesionaria Escal UGS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, según informes que obran en manos de Industria y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV). De este modo, Enagás negó tanto formalmente como públicamente cualquier posesión u obligación de adquirir las acciones del almacén de gas de Vinaròs una vez éste fue clausurado por desatar 550 terremotos de hasta 4,2 grados en la Escala de Richter.

Así, aduciendo condiciones suspensivas del contrato, Enagás se negó a aceptar la compra de una planta no operativa y sin los permisos de funcionamiento en regla, dado que nunca superó la fase de pruebas exigida por la legislación debido al episodio sísmico generado por las primeras inyecciones de gas.

Sin embargo, el criterio que aplicó la empresa Enagás (ahora adjudicataria de la hibernación de la plataforma) no fue empleado por el Gobierno para cuanto menos cuestionar la petición de indemnización y abandono de la planta de Escal UGS, que finalmente ya ha cobrado los 1.460 millones de euros por el valor neto del almacén de gas subterráneo y sin que ni siquiera haya concluido la investigación de la Fiscalía sobre posibles delitos, dolo o negligencia.

A este respecto, tanto el PSOE como el Síndic de Greuges de Catalunya y la Generalitat Catalana plantean un recurso de inconstitucionalidad basado en que el contrato sólo obligaba a compensar la inversión en las instalaciones si estaban operativas y que el propio Tribunal Supremo establece que el derecho a indemnización podría incluso desaparecer si se demostrara dolo o negligencia de la concesionaria.