Las Corts Valencianes rechazaron ayer, con los votos en contra del PP, la creación de una comisión de investigación para aclarar las posibles responsabilidades que pueda haber en la parte del proceso realizado por la Generalitat Valenciana en relación con el procedimiento de adjudicación de la construcción y concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor que causó 550 terremotos en la costa de Castelló, presentada por el grupo Compromís.

De este modo, el PP se ha negado a que se investigue cuál fue la actuación de la Generalitat dentro del proceso de adjudicación y construcción, en el cual cuanto menos colaboró con la firma de un convenio y con la cesión de un espacio en la zona portuaria vinarocense.

El diputado de la coalición Josep Maria Pañella defendió durante su intervención la apertura de la comisión porque, a su juicio, la Generalitat «ha omitido su obligación de defender a los valencianos» en este proyecto que finalmente ha sido paralizado tras los seísmos registrados en la zona y ha conllevado el pago de una indemnización de 1.350 millones de las arcas públicas» (3.500 millones con intereses a 30 años y que serán cargados a los ciudadanos a través de la tasa del gas).

Según indicó, la Generalitat «tenía que haber hablado» durante la tramitación del expediente del almacén, cuando se presentó la Declaración de Impacto Ambiental, pero «asumió la falta de un informe de riesgo sísmico y no lo pidió, como sí hicieron otras administraciones. Por tanto, para Pañella, el Consell es responsable de ese silencio y cabe analizar su responsabilidad en el proceso».