Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almassora y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) volverán a ofertar nuevas alternativas de alojamiento para las cuatro familias que todavía conviven en el Grupo B. Así lo acordaron ayer el alcalde, Vicente Casanova, y la directora de EIGE, Inmaculada Solernou, en la reunión programada para desbloquear el proceso y derribar el último bloque. La negociación, que está en punto muerto desde hace prácticamente un año, tiene como objetivo encontrar una nueva vivienda para los últimos residentes del edificio y que su traslado se produzca rápido. De hecho, tendrían que haber abandonado el edificio al cierre de 2014, pero el desencuentro entre las partes ha demorado el proceso hasta la actualidad y sigue sin fecha el desalojo total. Es más, según los implicados, se mantiene el compromiso de que la solución sea pactada y la mudanza se produzca sin situaciones traumáticas de por medio. Por este motivo, el Ayuntamiento de Almassora espera que las cuatro familias acepten alguna de las alternativas que se les ofrecerá en breve para evitar declarar la ruina del bloque, un hecho que obligaría al desalojo inminente. Casanova recordó que la solución será pactada aunque apremió a las partes a alcanzar un acuerdo debido a la situación de degradación que sufre el inmueble. «Somos conscientes de que cada día que pasa el edificio se degrada todavía más y en él residen familias que necesariamente deber ser realojadas», apuntó el alcalde. El abandono y derribo del último bloque del Grupo B es uno de los compromisos de Vicente Casanova para esta legislatura, un objetivo que espera cumplir antes de dejar la alcaldía aunque, según sus propias palabras, la demolición del edificio ya no es urgente porque la compra-venta de droga ha cesado. Las cuatro últimas familias que residen en la barriada no cumplen el perfil de delincuencia que marcó a sus anteriores ocupantes.
