Los vecinos de Altura continúan su particular cruzada con el fin de evitar la instalación de una antena de telefonía móvil en pleno núcleo urbano. La plataforma «No a la antena alturana» trabaja desde el pasado mes de abril para evitar la colocación de la misma en un edificio en la calle Juan Terrada, ubicado a unos cuarenta metros de una ludoteca infantil. En este sentido, desde la organización confirmaron ayer que, a falta de confirmación de hora, «el próximo 22 de mayo mantendremos finalmente una reunión con la empresa Vodafone, el Ayuntamiento de Altura y nosotros para ver qué soluciones adoptar a la hora de evitar la instalación».
Desde la plataforma se ha enviado a los distintos grupos políticos un manifiesto para que sea firmado por cada uno de ellos con el fin de que adquieran un compromiso de, en caso de salir como fuerza gobernante en el consistorio, continúen luchando en contra de la instalación y además se comprometan a dar parcelas alternativas, alejadas del núcleo poblacional, para la instalación de esta antena u otras. «De momento les hemos mandado los manifiestos, y estamos a la espera de recibir las respuestas, aunque todos se posicionaron a nuestro lado», comenta.
La plataforma estudia realizar varias concentraciones con el fin de continuar las protestas y además, poder explicar a los alturanos que «no se trata de una cuestión política, ni de una cuestión de ir contra una familia, sino de una cuestión de nuestra salud y nuestro futuro».
No a la Antena se mostró esperanzado con que finalmente la instalación no se complete.
Como muestra de su repulsa, el alcalde de Altura, Rafael Rubio firmó hace unos 15 días un decreto ley para que se llevase a cabo la paralización de las obras. Asimismo, el ayuntamiento ofreció para negociar con la compañía la ubicación de la antena en una parcela a las afueras del núcleo urbano.
Por su parte, la familia propietaria del inmueble donde se iba a instalar la antena, al conocer la alarma social también se mostró dispuesta a paralizar el proceso.
La plataforma ya lleva recogidas 1.200 firmas en contra de la infraestructura y «muchos pueblos que ya han evitado las instalaciones por la presión vecinal como Puçol, la Vall d'Uixó o Borriana nos han llamado para ayudarnos en lo que necesitemos».
