El Ayuntamiento de Castelló pagará 86.447 euros por dos procesos judiciales heredados de la etapa de gobierno del Partido Popular, según reveló ayer en rueda de prensa el vicealcalde, Enric Nomdedéu.
Según explicó el también portavoz municipal, el consistorio ha de abonar 53.864 euros a nueve bomberos del servicio de extinción de incendios que corresponden a complementos salariales de productividades de 2010 y 2011 impagados. El área del parque municipal de bomberos presentó un recurso al juzgado de lo contencioso contra el anterior ejecutivo local después de que eludiera contestar su reclamación. Sostuvo que se le aportó una cantidad inferior a la estipulada por el convenio laboral.
Los tribunales le han dado la razón, y el consistorio deberá hacer frente al importe demandado más intereses y costas procesales; concretamente 4.310 euros en intereses, 375 en costas más los 49.179 de los complementos. Además, queda pendiente valorar a un décimo bombero que en principio ha quedado excluido de la sentencia.
En segundo lugar, continuó Nomdedéu, las arcas municipales destinará 32.583 euros en intereses de demora por retrasos en pagos entre agosto de 2010 y octubre de 2011 a la que era entonces empresa concesionaria de la grúa (Servicleop). En este caso, señaló el regidor, el ayuntamiento se ve obligado a destinar este importe «porque además de pagar tarde no contestó».
»El PP tenía la costumbre de practicar el silencio administrativo, pero si pierde hay que pagar intereses», lamentó el vicealcalde, quien afirmó que se han dado más casos al respecto. Estos dos fallos son la prueba «de la mala gestión de los populares», abundó.
El equipo de gobierno del PSPV y Compromís ha heredado los principales problemas judiciales en urbanismo. La principal causa perdida por los anteriores munícipes populares se produjo en el Plan General de Ordenación Urbana. La primera sentencia anulatoria se notificó en 2008, pero hasta 2013 el ejecutivo del PP se obcecó en que tenía razón hasta que perdió cada uno de los recursos que presentó y no tuvo más remedio que iniciar la redacción de un nuevo plan general.
Plan General anulado
El gobierno municipal actual se ha encontrado con el PGOU invalidado y en proceso de modificación y con una ciudad regulada por unas normas urbanísticas transitorias. Los populares empezaron la revisión pero dejaron sin acabar el grueso de la misma.
Otro caso se ha dado en Mestrets. Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó el último recurso presentado por la anterior Generalitat y tumbó definitivamente el plan urbanístico previsto en Mestrets, que contemplaba la construcción de 6.000 viviendas y dotaciones públicas como el Centre de Convencions. Los munícipes progresistas se opusieron en su época en la oposición a este proyecto por desmesurado y por incluir el incluir el desalojo de los propietarios de la zona, y ahora han pedido perdón a los vecinos «en nombre del ayuntamiento». Los populares insistieron en Mestrets hasta que la justicia dio la puntilla. Fue un proyecto lanzado por el exalcalde, Alberto Fabra. Se vendió como un ejemplo de modernidad. Los tribunales y la crisis económica se llevaron por delante los anhelos desarrollistas del PP, pero estas ansias han dejado un barrio medio abandonado y que lucha por su resurgir.
Otro frente judicial ha tenido lugar en las tascas. En noviembre de 2015, el Tribunal Supremo anuló la ordenanza municipal de convivencia que regula el consumo de bebidas alcohólicas en las calles de las tascas. «El PP lo hizo rematadamente mal pero se ha salvado y nos ha explotado a nosotros», indicó entonces el vicealcalde.
