Suprimir las diputaciones provinciales de Valencia, Alicante y Castelló podría suponer un ahorro de más de 86,6 millones de euros a medio plazo, según los cálculos de un informe coordinado por la Fundación «¿Hay Derecho?» En concreto, la supresión de la Diputación de Alicante ahorraría casi 43,3 millones de euros, mientras que el cierre de la de Valencia permitiría ahorrar a medio plazo más de 34,4 millones y la de Castelló, 5,9 millones de euros.
El documento revela que suprimir las 38 diputaciones provinciales de España de régimen común podría suponer un ahorro de 1.200 millones a medio plazo, mientras que el ahorro inmediato se cuantifica en 588 millones.
El estudio «Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario» se presentó ayer en un acto celebrado en la Fundación Diario Madrid. Los autores han analizado su coste y su utilidad en base a los datos disponibles, con los presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio de 2015, tanto desde un punto de vista de indicadores de eficiencia y eficacia -comparando las distintas diputaciones para establecer las que tienen un mejor o peor desempeño- como, de manera más extensa, a partir de las políticas públicas que desarrollan.
También han realizado un ejercicio teórico para calcular el ahorro que supondría su supresión y han incidido en aspectos cualitativos que, a su juicio, son relevantes, como los factores que permiten y favorecen la aparición de redes clientelares, que se traducen en numerosos casos de nepotismo, despilfarro y corrupción.
Desigual funcionamiento
Las conclusiones apuntan a un desigual funcionamiento de estas entidades, a la «irracionalidad» de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje territorial y a la conveniencia de abordar al menos una reforma en profundidad de estas instituciones.
Según las cifras que aportan, el ahorro potencial en el corto plazo sería de 588 millones de euros en el caso de que se suprimiesen las diputaciones sin dejar de prestar los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Con su supresión, explican, se eliminaría su principal coste político, ya que desaparecían los gastos asociados a los órganos de gobierno y también las transferencias de fondos que realizan a sus propios entes y otras administraciones sin una finalidad concreta. Así, casi 447 millones procederían de transferencias a otras administraciones públicas sin una finalidad concreta y 140,5 millones se ahorrarían al eliminar sus órganos de gobierno. En el medio plazo, de acuerdo con este estudio, los ahorros serían «significativamente mayores» gracias, entre otras cosas, a la integración de servicios en las comunidades autónomas.
