En 2005, los grupos que se encontraban en la oposición en el Ayuntamiento de Castelló (PSPV y Compromís) votaron en contra de la privatización del recinto ferial. Alertaron de futuribles problemas con el modelo diseñado por los munícipes del PP. En ese momento nadie veía por asomo la irrupción de la crisis económica, pero las intervenciones de los concejales del PSPV y Compromís fueron la crónica de una muerte anunciada.
Los populares, además aprobaron una adjudicación con unos plazos desmesurados -finalizan en 2047- lo que ataba posibles cambios en el caso de llegar otro equipo de gobierno municipal.
El nuevo Recinte Firal fue inaugurado en 2007 y al año empezó a registrar sus primeros problemas, ya que en 2008 aterrizó y para quedarse la crisis económica. El ejecutivo del PP y la adjudicataria habían realizado unas previsiones económicas de acuerdo con las condiciones de la bonanza económica.
Desde el primer momento, Refeyme comprobó que sus previsiones iniciales eran irrealizables y empezó a acumular pérdidas.
En 2011 llegó a una situación insostenible, con una deuda de 11 millones de euros, y no tuvo más remedio que declararse en concurso de acreedores. La gestión quedó en manos de un administrador concursal. En este tiempo ha intentado buscar una salida a la complicada situación de Refeyme sin éxito.
El nuevo gobierno asume de herencia una patata caliente que en la oposición cuestionó.
