La destitución de la secretaría general de la Confederación de Empresarios de Castelló de Rafael Montero también acarreará su próxima salida del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES), donde ocupa una de las dos vicepresidencias, y del Pacto Local del Empleo de Castelló.
Ambas instituciones todavía no han tomado una decisión respecto a Montero, pero su pérdida del cargo llevará aparejado su marcha de estas entidades, ya que se incorporó a las mismas en su condición de secretario general de la CEC.
En el Pacto Local del Empleo, sus estatutos indican que es condición inexcusable para ser vocal del consejo rector la pertenencia a las entidades que forman parte Montero continúa de empleado, pero ha quedado sin funciones, y los cargos del CES y del organismo consultivo municipal están previstos para gente con representación en la patronal y los sindicatos.
Castelló en Moviment reclama al equipo de gobierno más contundencia con Montero y que lo aparte de manera inmediata del Pacto Local por el Empleo, aunque los estatutos del mismo indican que el cese como miembro de la entidad que integra «producirá» su salida como «miembros del consejo rector».
Los cargos en estas entidades consultivas -el CES de la Generalitat y el Pacto de Empleo del ayuntamiento- son los únicos que mantiene ahora mismo Montero, pero apura sus últimos días por su salida forzada de la secretaría general de la CEC.
El ex secretario general conservará su empleo en la patronal ninguna asignación concreta hasta que se concrete su despido. La CEC no está en condiciones de pagarle una indemnización y estudia la opción más económica para sus intereses. Prácticamente se descarta como argumento el uso del proceso judicial de los cursos de formación para no indemnizarlo porque no hay sentencia en firme, mientras se analiza la fórmula de despido objetivo menos gravosa para la patronal. La CEC tampoco dispone de 100.000 euros, la cantidad que correspondería a una salida objetiva de 20 días por un máximo de dos años trabajados. En ese sentido, se espera justificar la situación de pérdidas de la CEC, lo que haría que el Fogasa asumiera el 40 % de la indemnización. Por su parte, el 60 % restante se podría retrasar si la CEC entra en un concurso de acreedores.
La nueva dirección de la patronal quiere acelerar el despido de Montero ante las elevadas retribuciones que percibe (4.000 euros), pero no lo tendrá fácil. Montero luchará por cobrar la máxima indemnización que cree que le corresponde. Protagonizará una lucha en solitario, ya que el empresariado le ha dado la espalda tras ser procesado.
