Castelló en Moviment vuelve a presionar a sus socios del Pacte del Grau para conseguir que la capital de la Plana sea una ciudad libre de desahucios, algo que, según los datos de los que dispone la agrupación, no se ha cumplido durante este 2016. Los municipalistas, a través de un comunicado remitido ayer, recuerdan que el punto 10.1 del Pacte del Grau habla de Castelló «como ciudad libre de desahucios». Para ello, recogía que se abriría «una mesa de negociación para acordar con el Ministerio de Justicia que cualquier aviso de desahucio sea comunicado al ayuntamiento y pase por la mesa, donde participará la Plataforma de Afectados por la Hipoteca». El objetivo de la comisión municipal contra los desahucios era que proporcionara «información, asesoramiento y gestionará un realojo digno».
El grupo municipalista dice que con el asesoramiento preventivo «se podrá actuar en las fases iniciales del proceso, con el objetivo de no llegar al terrible desenlace que supone el desahucio». En lo que va de mandato, según sus datos, «hemos tenido conocimiento de 6 procesos de desahucio con fecha de lanzamiento». El sexto del que tienen conocimiento «se llevara a cabo el día 28 de noviembre, es decir, en una semana». Recuerda en este sentido que «hace más de siete meses que derivamos a la familia a la Oficina de Vivienda y «tanto la concejala de Vivienda como el edil de Bienestar Social están informados». Pese a ello, «la realidad es que a fecha de hoy la familia no tiene ningún hogar donde realojarse», señala la concejala de CSeM Paz Beltrán.
En palabras de la edil, «no se ha creado ninguna comisión municipal contra los desahucios que gestione un realojo digno cuando fracasan las negociaciones con las entidades bancarias». Los realojos se están produciendo «in extremis» con todo el «sufrimiento» que esto supone. «La gran cantidad de familias desahuciadas y la situación económica hacen imprescindible el tener que abordar de una vez por todas las necesidades de alquiler y la accesibilidad de la población para evitar situaciones de riesgo y favorecer a los sectores más desfavorecidos», añade Beltrán.
