El Grupo Socialista de la Diputación de Castelló acusa al Gobierno que preside Mariano Rajoy de «perjudicar gravemente» a los municipios del litoral de la provincia de Castelló con la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto el pasado 11 de abril, el cual «limita el desarrollo urbanístico de estas localidades, al tiempo que invade las competencias en materia de planteamiento urbanístico y territorial de la Generalitat y de ordenamiento de los ayuntamientos», según explicaron ayer los socialistas en un comunicado.
El diputado socialista José Manuel Navarro explica en la moción que presentaron ayer, que la aprobación de este Decreto significará «una gran cantidad de modificaciones en el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos con zonas inundables, sobre todo por las reclasificaciones implícitas en el nuevo texto normativo que afectan una gran parte del territorio de la provincia».
El representante socialista califica que el Gobierno central ha realizado estas modificaciones con «premeditación y alevosía», ya que «no han sometido el nuevo texto a procedimiento de información pública previa ni se ha informado a los ayuntamientos, incumpliendo la legislación». Los socialistas entienden que esta modificación «no puede suponer que se modifiquen las previsiones urbanísticas vigentes en los municipios, e imposibiliten las previsiones urbanísticas vigentes».
Navarro explica que en la Comunitat Valenciana, «el Patricova ya establece una regulación detallada en las zonas con riesgo de inundaciones y actuaciones para minimizar su impacto, con lo que considera suficiente su aplicación, exigiendo que sea de aplicación preferente». Por ello, insta al Gobierno de Rajoy a «dejar sin efecto» las nuevas regulaciones e insta al pleno de la diputación a que apoye un posible recurso contencioso administrativo.
En un primer término, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, anunció que la Generalitat a través de su conselleria, había enviado un requerimiento al Gobierno central al considerar que el Reglamento de Domino Público Hidráulico que han aprobado no respeta las competencias autonómicas y no tiene en cuenta los territorios que han regulado el riesgo de inundación a través de una normativa específica como el Patricova, que está vigente en la Comunitat Valenciana.
Así mismo, tras este requerimiento, el subsecretario de la conselleria, Francesc Signes, anunció la intención del Consell de ir más allá e interponer un recurso sobre este Decreto e insistió en que «la normativa se ha aprobado sin tener en cuenta que la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio corresponde a la comunidad autónoma».
De manera paralela, se creó una comisión técnica con la participación entre la conselleria y los ayuntamientos para elaborar una guía sobre «las normas constructivas y de adaptación al riesgo que sirva a los técnicos municipales a la hora de otorgar licencias».
