A partir del 4 de diciembre todos los entornos, espacios, servicios y procesos tendrán que ser accesibles para personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantizar la accesibilidad universal. Se trata de la fecha límite establecida por el Real Decreto de 1 de noviembre de 2013. Es por ello que ayer, alrededor de 200 personas, se manifestaron en la plaza Huerto Sogueros para exigir una accesibilidad universal «ya». La manifestación estuvo presidida por el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Castelló, Carlos Laguna, quien afirmó que «inundaremos» los juzgados con denuncias de espacios públicos que no sean accesibles.

El lugar de la concentración no fue escogido al azar. En la plaza Huerto Sogueros se ubica el Menador Espai Cultural, un edificio de reciente remodelación (se inauguró en febrero de este mismo año) que no cuenta con plena accesibilidad. Las personas con movilidad reducida han de acceder por una puerta secundaria y haciendo uso del elevador que también se emplea para subir y bajar el material de las exposiciones.

Pero este no es el único caso de edificio público inaccesible en la ciudad de Castelló. El edificio del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la subdelegación del Gobierno serían otros dos casos, a los que hay que sumar comercios y transportes que todavía no están adaptados para las personas con discapacidad.

Es por ello que el acto de ayer se aprovechó para anunciar que, a partir del 4 de diciembre, se empezarán a poner denuncias. Laguna explicó que ese día se pone en marcha la ley que obliga a todos los edificios públicos y semipúblicos a ser accesibles y, «lógicamente, nos va a tocar inundar los juzgados de denuncias por tratarse de incumplimientos de la ley». «Lo que ahora se archiva, a partir de diciembre no se podrá archivar. Vamos a presentar denuncias de todos los edificios públicos que no sean accesible. Se ha avanzado muy poco y a eso no hay derecho», añadió el presidente de Cocemfe. Con la concentración de ayer, Castelló se sumó a las celebraciones simultáneas que se organizaron en 35 ciudades españolas para poner en conocimiento de la sociedad la falta de accesibilidad universal. Las personas con discapacidad pretenden reivindicar con estos actos medidas para eliminar las barreras que vulneran sus derechos y libertades y dificultan su participación en la sociedad y el desarrollo de una vida independiente.

Las entidades de Cocemfe en la Comunitat Valenciana convocaron estas concentraciones en el marco de la campaña «#AccesibilidadYA: Por la accesibilidad de productos, entornos, bienes y servicios».

La presidenta de Acudim en Vila-real, Fina Bravo, fue una de las encargadas de dar voz al manifiesto en el que explicaba que las organizaciones de personas con discapacidad «llevamos décadas reuniéndonos con todos los gobiernos, con todas las comunidades autónomas, los ayuntamientos y con todos los agentes implicados en temas de accesibilidad para mejorar nuestra calidad de vida y avanzar hacia la integración, la normalización y la inclusión. Es verdad que hemos ido consiguiendo una mayor concienciación pero el avance ha sido insuficiente», añadió. Bravo apuntó que, «la existencia de barreras en todos los ámbitos es una realidad que vulnera nuestros derechos y libertades y nuestra igualdad de oportunidades».

Susana Peiró, del Grau de Castelló, fue una de las personas con movilidad reducida y dio testimonio de las dificultades para circular por la ciudad. «No puedo subir al autobús, solo puedo ir en Tram o en taxi, además de que no puedo entrar en los comercios», explicaba. Para finalizar, desde Cocemfe se invitó a las administraciones a contar con las personas con discapacidad e hicieron un llamamiento a aparejadores, arquitectos, ingenieros, constructores y promotores para que piensen en accesibilidad. En Castelló, se prevé remodelar los antiguos juzgados y esperan que no ocurra lo mismo que con el Menador.