El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Castelló tenía previsto proponer al pleno, como de hecho hizo, la creación de la figura del defensor «del contribuyente o del ciudadano», según anunció el teniente del alcalde que, hace un cuarto de siglo, era Carlos Fabra.
Según explicó Fabra, la creación de este puesto, que se incluía en el programa electoral del PP, y tenía como objeto que «cualquier ciudadano de Castelló que se sienta perjudicado por cualquier actuación del ayuntamiento o que no esté de acuerdo con cualquier aspecto de la labor de éste, acuda a esta persona, que estará a disposición de todos los castellonenses y tendrá la misión de defender sus derechos».
Aunque Carlos Fabra no quiso. en aquel momento, adelantar más datos sobre las atribuciones que tendría la nueva figura municipal, sí que adelantó en las páginas de Levante de Castelló que el objetivo de la corporación municipal es que el puesto de defensor del ciudadano fuese ocupado por un funcionario de empleo y que estuviese al margen de cualquier tendencia política.
En aquellos días, en el Ayuntamiento de Castelló también se hablaba de las «deficiencias del tráfico» en el casco urbano de Castelló, algo que desde el PP se justificaba en la gestión realizada por el PSOE «durante diez años de gobierno en los que no se procuró mejorar el tráfico».
Y por lo tanto, según Fabra, el concejal socialista Juli Domingo no tenía «legitimidad» para criticar la situación del tráfico en la ciudad.
