El Gobierno ha respondido a la protesta de miles de regantes que exigían en Madrid «soluciones» para erradicar el déficit hídrico en el sur de la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una ley de medidas urgentes contra la sequía que contempla, entre otras disposiciones, un paquete de medidas con el pretencioso nombre de «plan de choque de optimización de la desalación para un Mediterráneo sin sed».
El plan derivado de la propia ley compromete al Gobierno a «habilitar» los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros el metro cúbico, una medida que permite el uso de desaladoras por parte de los agricultores.
Castelló dispone de dos nuevas plantas en Orpesa y Moncofa que se encuentran paralizadas por falta de demanda. Fueron construidas en los años del «boom» inmobiliario y costaron más de 100 millones de euros. La idea inicial eran abastecer a los nuevos proyectos residenciales, pero estas propuestas no se ejecutaron y, ahora, no encuentran clientes. El principal usuario debe proceder del campo, que en Castelló acapara el 77 % de la demanda hídrica, pero los agricultores rechazan su uso por los elevados precios de las desaladoras.
La nueva ley de Sequía puede ayudar a reactivar dichas desaladoras, que han de estar operativas antes del 31 de marzo de 2019 si no quieren perder 35 millones de fondos aportados por la Unión Europea.
Alrededor de 25.000 regantes, según los convocantes, se manifestaron el martes en Madrid para exigir al Gobierno central medidas y soluciones para erradicar el déficit hídrico del sureste y precios equiparables al resto de usuarios de riego en España.
La marcha, que partió a las 12.00 horas desde la plaza de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, recorrió el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), donde llegaron sobre las 13.15 horas para exigir soluciones «definitivas» y también a corto plazo para salvar el arbolado.
Seguidamente, el exfutbolista y exseleccionador nacional de fútbol José Antonio Camacho reclamó al Gobierno que acabe con la «sequía estructural» que tiene el campo levantino, porque no quiere que se convierta en un «desierto» ni que se pierdan empleos.
Entre los asistentes, el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, reclamaba «sensibilidad» al ministerio que dirige Isabel Tejerina «para que todos juntos busquemos soluciones definitivas y contribuya a que llegue agua para salvar los árboles esta campaña».
Rodríguez Mulero, acompañado entre otros por el director general del Agua, Manuel Aldeguer, recordó que el agua es «determinante para la economía y esencial en el sector agrario».
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, manifestaba en un acto en Alicante su apoyo «a los regantes que están manifestándose en Madrid para garantizar el elemento fundamental de la sostenibilidad que es el agua», «decisiva», destacó, para sostener la agricultura valenciana.
La nueva ley de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía incluye, en determinados supuestos y para quien acredite los daños, exenciones del pago de cánones y tributos por el uso del agua; medidas laborales y de Seguridad Social; reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias; actuaciones en relación con la Política Agraria Común (PAC) y la financiación de avales; dotaciones al Plan de Seguros Agrarios Combinados; préstamos de mediación del ICO y la creación de un fondo extraordinario de lucha conta la sequía.
