El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Diputación de Castellón, Santi Pérez, ha mostrado su temor de que «la inacción del equipo de gobierno del PP pueda acabar convirtiendo el centro termal de Benassal en otra piscina provincial». Por ello exige «la adopción de medidas urgentes que permitan solucionar el problema existente en esta infraestructura turística que costó 6 millones de euros y que únicamente abre 3 meses al año».
Se trata de una situación anómala motivada por los constantes incumplimientos del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria, una circunstancia que ha motivado que el gremio de hosteleros de Benassal haya denunciado a la propia diputación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por «la permisividad e inacción de la Diputació de Castelló».
Pérez, que además de diputado provincial también es alcalde de Forcall, pide en nombre del PSPV-PSOE que Javier Moliner y su equipo de gobierno «intenten abordar este problema y no se escondan a la hora de buscar soluciones». Y es que los socialistas temen que la dejadez del PP «nos lleve a una situación similar a la que se vive en la piscina provincial, que lleva casi un año cerrada y sus trabajadores se encuentran en un limbo laboral y judicial».
Por ello, el Grupo Socialista en la Diputación, de acuerdo con el Grupo Socialista de Benassal, anuncia «nuevas acciones para que el equipo de gobierno que encabeza Javier Moliner haga lo que es su obligación: conseguir que el centro termal funcione para que Benassal tenga una mejor situación económica, social y turística».
Moción en el pleno
Nuevas acciones del PSPV-PSOE que se suman a otras que ya viene impulsando desde hace tiempo. En este sentido, hay que recordar que los socialistas forzaron a través de una moción que la cuestión fuera debatida en el pleno de marzo y que en el de abril el propio Santi Pérez formuló una pregunta al equipo de gobierno requiriendo información sobre la situación actual del centro termal.
Una situación que el portavoz adjunto socialista en la Diputación califica de grave porque la adjudicataria únicamente abre los 3 meses de verano y no los 6, ampliables a 9, a los que se comprometió en el momento del concurso, «un compromiso que tuvo la máxima puntuación».
