La defensa de Ali Brancal, vicealcaldesa de Castelló, y Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, ambos de Compromís, estudia solicitar la nulidad de la actuaciones por vulneración de derechos fundamentales en la querella del PP contra los dos cargos de la coalición por presunta malversación vinculada al supuesto envío de propaganda electoral a través del Servicio Municipal de Correos del consistorio con motivo de las elecciones europeas de 2014.
Los letrados de sendos cargos de la coalición Compromís aprecian un posible delito de violación de correspondencia en la prueba clave aportada por el denunciante, en concreto un sobre de una remesa de devoluciones de los envíos postales del Grupo Municipal de Compromís. Este sobre contenía supuestamente propaganda electoral de Compromís para los mencionados comicios electorales.
Esta remesa de devoluciones de los envíos postales de Compromís no fue comunicada al remitente y ha pasado desapercibida en los últimos cuatro años. La existencia de esos sobres la desveló el edil Juan José Pérez Macián, portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, el pasado 23 de febrero en el pleno monográfico de la corporación sobre corrupción política y amenazó con llevar el caso a los juzgados.
Días más tarde, Pérez Macián tramitó la querella por malversación y falsedad contra los dos cargos públicos de Compromís. El portavoz adjunto del PP mantiene que la caja con los sobre devueltos apareció en el nuevo despacho del PP, cuando el grupo popular pasó a la oposición tras las municipales de 2015.
La querella impulsada por el portavoz adjunto del Grupo Popularen el Ayuntamiento de Castelló está en fase de instrucción, en el Juzgado número 2 de la Capital de La Plana.
Pérez Macián sostiene que ese sobre, con destinatario desconocido, formaba parte del paquete de devoluciones y asegura que existen una docena más cartas que también incluyen propaganda electoral de Compromís.
Interrogatorios
Por estos hechos, ya han declarado en la jornada del pasado miércoles, en calidad de investigados [antes imputados] Nomdedéu y Brancal. Ambos ratificaron que los envíos del Grupo de Compromís desde el Ayuntamiento únicamente contenían el boletín municipal del grupo y, en ningún caso propaganda electoral. La jueza también ha interrogado ya por estos hechos a un exfuncionario del Ayuntamiento.
La defensa de los dos cargos de Compromís considera que la retención los envíos postales devueltos durante cuatro años y el hecho de que uno de los sobres estuviera abierto podría acarrear un delito de violación de correspondencia y ha anunciado que trasladará esta cuestión a la magistrada instructora.
La violación de correspondencia, desde un punto de vista legal, se aplica a aquellas conductas delictivas que implican un quebrantamiento del derecho fundamental al secreto de comunicaciones de personas físicas y jurídicas reconocido a los mismos, en el artículo 18.2 de la Constitución española.
