«Son los ayuntamiento quienes tienen la capacidad de decidir, no la destrucción de la cruz, sino buscar un lugar adecuado donde poderla ubicar». Así se manifestó ayer la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, tras su visita al refugio de Tetuán, al ser preguntada por la Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castelló, que la semana pasada apareció, de nuevo, con pintadas pidiendo su derribo.
Bravo explicó que, en su momento, «se le suprimió todas las escrituras o detalles que pudieran vincular la cruz al relato de la Guerra Civil pero, sí es cierto que, apesar de todo ello y de que se ha dejado, alguna forma, desnuda de toda la ornamentación que invocaba el recuerdo y la exaltación de la Guerra Civil, se sigue utilizando por determinados grupos, en determinadas fechas, como lugar de exaltación de lo que ocurrió en aquel momento».
No obstante, y como ya lo indicara la Dirección General de Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló deberá conservar la Cruz de los Caídos, y no destruirla, como tendrá que hacer con cualquier otro vestigio de la dictadura que se conserve en edificios públicos de la ciudad.
A este respecto, Bravo apuntó que «aquí no se trata de insultar a nadie, se trata de dar cumplimiento a una ley, y la ley lo dice muy claro, todos aquellos lugares o monumentos que sirvan para la exaltación de aquel periodo de la historia que acabó con tantas vidas, tiene que ser suprimido». En este sentido, Marco también fue contundente y afirmó que «esos monumentos tienen que desaparecer del panorama de la ciudad de Castelló lo antes posible».
Asimismo, Bravo también se pronunció sobre las exhumaciones solicitadas por cuatro familias de Castelló y afirmó que se trata «de la gran deuda pendiente que tenemos».
