Compromís dejó solo al PSOE en un pleno municipal el pasado mes de febrero y, junto a Castelló en Moviment, PP y Ciudadanos, votó a favor de exigir la destitución de Juan Ángel Lafuente, como director de Planificación y Proyección Económica.

La alcaldesa, Amparo Marco, había nombrado a Lafuente para este cargo, que había creado para gestionar los fondos europeos de Edusi, pero Compromís y CS en Moviment reprocharon que Lafuente hubiera renunciado previamente al acta de concejal tras la marcha de Carme Oliver y aceptara luego un puesto con unas retribuciones superiores a las de la regidoría.

La destitución de Lafuente ha sido la principal desavenencia registrada entre el PSOE y Compromís esta legislatura. Los socialistas discreparon con sus socios de gobierno y defendieron a Lafuente, pero cedieron al quedarse en minoría y el ejecutivo local promovió un concurso público para sustituir a Lafuente.

Aquella elección era perfectamente legal, pero éticamente reprobable, un planteamiento que sin embargo no ha sido repetido cuando los nombramientos se han realizado desde las delegaciones de gobierno que ostenta Compromís.

Entonces, el PSOE lamentó la actitud de Compromís y subrayó, al respecto, que en la designación del gerente del Patronat d'Esports no se inmiscuyó y respaldó la elección de Francesc Rubio, próximo a Compromís. El concejal de Deportes, Enric Porcar, impulsó un procedimiento público para la provisión de este puesto de libre designación y la plaza la obtuvo el que desde 2011 había sido integrante del consejo rector del propio Patronat d'Esports por parte de Compromís.

La polémica se ha repetido ahora tras la denuncia de este periódico por la contratación de un primo del concejal y del gerente del Patronat, que ocupaba el puesto decimotercero en la bolsa de trabajo. Compromís alega que el familiar ha accedido al puesto de manera legal porque los doce integrantes que iban por delante han denegado ocupar ahora el puesto, pero el grupo popular critica que el regidor de Deportes y el gerente del Patronat no renunciaron a participar en la votación del consejo rector de la entidad municipal que validó, por la vía de urgencia, la contratación del nuevo celador.