De nuevo al desnudo, frente a los vecinos, se mostró ayer el equipo de gobierno de Castelló, que por segunda vez se enfrentó a las preguntas de los vecinos en esa Asamblea Ciudadana a la que se comprometieron en el Acord del Grau que firmaron PSPV, Compromís y Castelló en Moviment. Pese a la lluvia, un centenar de personas se acercó al Teatre del Raval para escuchar el balance del gobierno local, pero sobre todo para preguntar en directo, micrófono en mano, en un formato, esta vez sí, más dinámico y transparente que el de mayo de 2017.

Entre el público muchos afines, pero también representantes de colectivos sociales y culturales, así como representantes de Castelló en Moviment -que no son gobierno aunque sí socios- y Partido Popular, con el edil Juan José Pérez Macián a la cabeza. La vicealcaldesa, Ali Brancal, fue le encargada de abrir los parlamentos, centrado el suyo en defender los avances en participación ciudadana y en acercar los presupuestos a los vecinos. Reconoció, no obstante, la dificultad de «poder arreglar en estos tres años» todo lo que se «encontraron» en el ayuntamiento cuando llegaron.

El relevo lo tomó la alcaldesa, Amparo Marco, quien aseguró que la gestión «no ha sido fácil», pero mostrándose convencida de haber dado un giro a las prioridades, «con las personas por encima de todo». A su juicio, se han cumplido los tres objetivos que se marcaron: una mejor relación con los ciudadanos, un cambio en las políticas y una gestión eficaz de los recursos públicos. Tras aludir a las siempre recurrentes cifras, dio paso a un vídeo que resumía, con imágenes de la ciudad y titulares de los medios de comunicación locales, los avances de la ciudad desde 2015, titulares por supuesto siempre positivos y sin atisbo alguno a cualquier polémica.

Fue el momento de las preguntas, las grandes protagonistas del evento, apenas cuatro por escrito, priorizando la aportación de los vecinos en la platea del Teatre del Raval. Todos los concejales presentes -menos Antonio Lorenzo, ausente por convalecencia médica- tuvieron oportunidad de hablar, aunque fueron los temas urbanísticos, sociales y culturales los que se llevaron el protagonismo.

Marjaleria

Los más beligerantes fueron algunos residentes de la Marjaleria, que vive el mal endémico de haber construido de manera ilegal en esta histórica zona húmeda de Castelló y que exigen disponer de los servicios urbanos que otros tienen. Uno de los presentes, airado, acusó al actual gobierno de una gestión «nefasta» en la Marjaleria por no ser capaces de garantizarles luz y agua. Otro residente en la zona les echó en cara que no se les deje vivir con «dignidad» pese a estar pagando, como otros ciudadanos, IBI y tasa de basuras.

Primero les contestó el concejal de Ordenación de Territorio, Rafa Simó, quien dejó patente que, a diferencia de anteriores corporaciones, «nosotros hemos querido ser honestos y no engañar». Así, dejó claro que «para disponer de servicios públicos básicos hace falta urbanizar», recordando que el PP aprobó un Plan Especial de la Marjaleria en 2006. «Saben cuantos metros cuadrados desarrollaron hasta 2015? Cero», señaló el edil, apuntando que «este plan, que debía haber dado luz, agua y alcantarillado, no hizo nada».

Simó insistió en que, con el Plan General que está en exposición pública, «dignificaremos la vida de los residentes, respetando el territorio y el paisaje y, por supuesto, podrán tener servicios urbanísticos básicos, pero eso solo se consigue con cuotas».

El relevo lo tomó la alcaldesa, Amparo Marco, quien les explicó que el ayuntamiento «no puede cometer ilegalidades» y «si las viviendas no tienen cédula de habitabilidad, no se puede dar luz y agua». Sobre el tema del cobro de impuestos como a todos los vecinos, aclaró que las basuras y el IBI «no se cobran por estar en suelo urbano o no; pagan basura porque generan basura, y pagan IBI porque tienen una construcción».

Vivienda

Entre el público estuvieron, como en 2017, los representantes de la Plataforma Antidesahucios, insistiendo en nula compra de nuevas viviendas para las familias más necesitadas. La vicealcaldesa, Ali Brancal, reconoció la falta de avances con los bancos, con los que no han sido capaces de encontrar viviendas adecuadas para su compra con el presupuesto municipal. Anunció, eso sí, que están pendientes de disponer de un registro de viviendas vacías de la mano de la conselleria para buscar nuevas fórmulas.

Ruido

Hubo vecinos que aplaudieron la mayor actividad cultural en la vía pública, aunque pidieron que los eventos en la calle -en especial en la plaza Mayor-acaben antes para conciliar el descanso vecinal. Otros preguntaron sobre la ZAS de Lagasca y los resultados de cortar las calles al tráfico viernes y sábado noche. El edil Rafa Simó aseguró que los datos «reflejan un descenso de la contaminación acústica» y que buscarán nuevas actuaciones.

Cruz de Ribalta

Sobre la desaparición de la cruz del parque, dos opiniones. La de la alcaldesa, destacando que la cruz está dentro de un BIC y que el equipo de gobierno «cumplirá la legalidad», y la de la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, quien relató todos los pasos dados, avanzando que se está a la espera del informe definitivo de Cultura y confiando en que se retire este mismo mandato.

También la accesibilidad tuvo su espacio, con las preguntas del presidente de Cocemfe, Carlos Laguna, para mejorarla en el edifico del Menador y aplicarla en la reforma de Borrull. Además, exigió más control policial sobre la ocupación ilegal de plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida.