La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, pide a la alcaldesa, Amparo Marco, que «escuche a los castellonenses antes de bloquear el urbanismo de la ciudad de Castellón, como ya está ocurriendo. Lejos de solucionar los problemas urbanísticos de la capital, está generando otros nuevos».

Carrasco ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), Fernando Alfonso, en la que también participaron el concejal popular Carlos Feliu y un nutrido grupo de empresarios y miembros de la junta directiva de la organización, un encuentro en el que «los empresarios nos han transmitido su máxima preocupación ante la tramitación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que no es coherente con el modelo de ciudad que piden los castellonenses ni garantiza el desarrollo económico de una actividad que ahora mismo está paralizada y, por tanto, no genera los puestos de trabajo que sí se están creando en el resto de España».

En este sentido, la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Castelló destaca, por medio de un comunicado, que la patronal de la construcción ha presentado «una batería de alegaciones» al Plan General Estructural al entender que el nuevo documento ahora en tramitación «no ofrece las suficientes garantías jurídicas la necesidad de dotar de seguridad jurídica a la actividad inmobiliaria; la generación de problemas de viabilidad económica o incluso sociales en algunas zonas donde ya existen edificaciones consolidadas en los nuevos ámbitos de suelos urbanizables; la necesidad de que se reconsidere la creación de nuevos sectores en el interior de las rondas de circunvalación ya ejecutadas; el reestudio de las edificabilidades de los sectores; facilitar la gestión de los sectores para evitar que la previsión de nuevas viviendas en el Plan General sea irreal o el sobredimensionamiento de la superficie de suelo no urbanizable calificada como de protección especial».

El Grupo Municipal Popular está a favor de «apostar por un nuevo modelo de urbanismo que sea sostenible y asumible», pero «lo que no se puede hacer es demonizar ni criminalizar la actividad de un sector económico que es fundamental para la generación de empleo en nuestra ciudad, para la cohesión de los barrios y el fomento de la igualdad de servicios e infraestructuras de todos los castellonenses», añade.

Precisamente, una de las «principales quejas que nos están haciendo llegar» los representantes de Apecc es «la suspensión de la tramitación del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, un extremo que está siendo especialmente gravoso para el colectivo», declara Begoña Carrasco, «teniendo en cuenta que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Castellón no estará aprobado, como pronto, hasta el año 2021, en un escenario optimista».

Se trata de una norma «que el bipartito de PSPV y Compromís está aplicando con carácter general, sin tener en cuenta que existe suelo urbano consolidado y urbanizado, con calificación urbanística y compatible entre las normas vigentes y las expuestas al público, de manera que impide que los constructores puedan llevar a cabo los proyectos que tienen ahora mismo encima de la mesa, y que no son otros que los que los castellonenses demandan», lamenta la portavoz popular.