El Gremi Turístic y Cultural de Benassal ha denunciado ante los juzgados a la Diputación de Castelló por su inacción tras los incumplimientos en el contrato de concesión por parte de la empresa que gestiona el Centro Termal desde el año 2011. Así lo han dado a conocer este fin de semana desde la junta directiva del Gremi en una reunión abierta para informar de los pasos que se han seguido por esta entidad desde 2015. Una reunión que concentró a unas cuarenta personas y entre las que se encontraban diputados provinciales, como Santiago Pérez o Pau Ferrando, y miembros del PSPV en Benassal, pero no la alcaldesa, Mari Luz Monterde, del PP, ni ningún edil del equipo de gobierno municipal.
El Gremi, que agrupa a los hosteleros y comerciantes del municipio, formalizó el pasado mes de septiembre la demanda judicial contra la Diputación de Castelló, un paso «necesario», según indicaron en esta asamblea abierta, dado que la entidad que preside Javier Moliner no atendió las dos peticiones de resolución del contrato de concesión. Desde la entidad también criticaron las dilaciones aplicadas por la diputación para poder obtener la documentación relativa al expediente de concesión. Un plazo aproximado de casi dos años, según relataron; desde una primera reunión entre la diputación, el ayuntamiento y el propio Gremi en 2016 hasta la moción de resolución del contrato presentada por el PSPV en marzo de 2018.
En este sentido, los incumplimientos constatados por el Gremi se basan en que la empresa no ha respetado el periodo de apertura establecido, no ha promocionado debidamente el centro termal para estimular la demanda y no ha dispuesto determinados tratamientos que complementan el producto ofrecido en el Balneario. Se trata de cláusulas establecidas en el plan de explotación presentado por la empresa y que fueron determinantes para que la diputación, entonces presidida por Carlos Fabra, adjudicara al grupo matriz del Balneario de Montanejos la construcción y gestión de este centro en Benassal durante 25 años frente a la otra candidatura presentada por el Grupo Selma. El centro tuvo un coste para la administración de 6 millones de euros, 5,4 de la diputación y 600.000 euros de la Agencia Valenciana del Turismo.
Los incumplimientos han sido reconocidos por todos los actores, incluso la empresa concesionaria, pero ni la diputación ni la misma empresa consideran que son cláusulas fundamentales del contrato de concesión, sino más bien una «expresión de voluntades» del plan de explotación, como aseguró en su día el vicepresidente de la diputación, Vicent Sales, a preguntas formuladas en el pleno por el diputado socialista Santiago Pérez. De hecho, el grupo socialista instó también a Javier Moliner a que resolviera el contrato de concesión, pero el presidente de la diputación decidió esperar a que la empresa presentara alegaciones ante esta petición y encargó un informe a la Universitat Jaume I sobre la situación y las perspectivas del centro termal.
Al respecto, el informe de la Universitat Jaume I (UJI) al que ha tenido acceso Levante de Castelló ratifica también los incumplimientos de contrato denunciados por el Gremi al constatar que «los periodos reales (de apertura), a excepción del año 2012, han sido mucho menores en general al 50 % de los periodos previstos, particularmente en los últimos años considerados». De hecho, desde 2013 el periodo de apertura se ha situado de media en los tres meses y medio, cuando para obtener la concesión la empresa se comprometió a abrir el Centro durante 9 meses a partir del segundo año.
Justificación de la empresa
La empresa ha justificado en diversas ocasiones, incluso este fin de semana en la reunión en la que estuvo presente entre el público el gerente del Balneario, Alberto Sáez, que la situación económica global y las condiciones turísticas del municipio no permiten la apertura del centro durante un periodo más amplio. No obstante, el informe de la UJI determina que no es posible el reequilibrio económico de la concesión ya que el riesgo de las variaciones en la demanda corresponde a la empresa, que asume un riesgo y ventura determinado al aceptar la concesión.
Por último, y en cuanto a los escenarios futuros, por el momento, la Diputación de Castelló ha devaluado la acción del Gremi Turístic y Cultural de Benassal en los tribunales alegando ante el contencioso-administrativo que los hosteleros de Benassal no están legitimados para solicitar la resolución del contrato.
