12 aniversario de la Ley de la dependencia

En la actualidad nos encontramos en medio de la negociación de los PGE 2019. La propuesta del Gobierno y Podemos contempla el incremento de 515 millones de euros para dependencia y 325 para cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social. Con todo, sigue resultando insuficiente. En la actualidad, la Generalitat Valenciana destina 553,7 millones de euros en atención a la dependencia, y el gobierno del Estado 76,40 millones. Es decir, el 12%. Con los nuevos presupuestos se incrementa la aportación del Estado en 32 millones, pasando de ser del 12% al 16 %, muy lejos aún del 50% que le corresponde, y por lo tanto continuando incumpliendo la Ley. Por lo tanto, exigimos de manera inmediata a nivel estatal:

1.- Que se derogue el RD 20/2012 de 13 de julio

2.- Que se recupere el 15% de recorte de las prestaciones llevado a cabo en 2012

3.- Que el convenio que cubra el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras no sea un convenio basura. Y a este respecto queremos explicar lo siguiente: El pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras de personas dependientes se recoge en un convenio especial muy precario que no da derecho ni a paro ni a baja por incapacidad laboral.Recordemos que el trabajo de las cuidadoras no profesionales computa en el PIB, en la riqueza del país, por lo tanto, ya que cuenta, queremos que cuente también como trabajo profesional, con todos los derechos. Los que da el alta y la asimilación el Régimen General de la Seguridad Social, que sería realmente lo deseable. Lo más triste de todo esto es que en bienestar social la gente está acostumbrada a conformarse con las migajas. Estamos hablando de un trabajo de 24 horas, 365 días al año que se merece algo mejor que un precario convenio "especial" , especialmente teniendo en cuenta que el 94% de las personas que cuidan son mujeres.

4.- La aportación del Estado en la financiación de la dependencia es del 12%, en lugar del 50%. El incremento anunciado supondría llegar al 16%. No obstante, todo lo que no sea llegar a este 50% es incumplir la Ley. Gobierne quien gobierne. Esto es así.

A nivel autonómico, valoramos muy positivamente en su día la aprobación del nuevo Decreto 62/2017 de 19 de mayo, del Consell. Este Decreto recoge muchas de las que han sido reivindicaciones históricas de las Plataformas de la Dependencia en el País Valencià. Pero creemos que en su implementación están habiendo bastantes lagunas. Por un lado, la integración de los servicios municipales de atención a la dependencia en los servicios generales. Desde 2017 son las trabajadoras sociales municipales las encargadas de llevar a cabo las valoraciones, y desde 2018 además, de abrir el expediente en el sistema para finalmente remitirlo a Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, que es la que se encarga de dictar las resoluciones y conceder las prestaciones o servicios. Este traspaso de competencias implica que se ha dejado en manos, de los recursos muchos o pocos de los municipios en el mejor de los casos, y en la voluntad política del gobierno municipal de turno, en el peor, la tramitación, por lo que nos gustaría en vez de cifras globales conocer un mapa detallado, municipio a municipio de cual es la evolución de la situación de la dependencia, ya que sospechamos que se estén produciendo graves diferencias y agravios en función del lugar en el que resida la persona dependiente.

Por otro lado, nos consta que muchos municipios de la provincia de Castelló, incluida la capital, han tenido que «reclamar» a Conselleria el traspaso de los expedientes del año 2017 cuya grabación era todavía responsabilidad de la Conselleria, al encontrarse que expedientes del año 2018 (grabados ya por trabajadoras sociales municipales) se hallaban paradójicamente en una fase del procedimiento mucho más avanzada que los de 2017.

Las cifras que aparecen en la web de Conselleria a fecha de 2 de noviembre de 2018 para la provincia de Castelló son de 8.181 personas beneficiarias y 2.220 en lista de espera, una lista de espera que lleva aumentando por tercer mes consecutivo. En estos tres últimos meses, el número de personas en lista de espera ha duplicado el de las nuevas incorporaciones. El tiempo medio de espera en la tramitación sigue estando entre 14 y 18 meses; se ha acortado en relación con los casi tres años de épocas anteriores pero sigue estando muy lejos de los 6 meses que garantiza la ley.

En cuanto a la cartera de servicios en dependencia, la abrumadora mayoría son prestaciones por cuidados en el entorno familiar, las menos costosas desde el punto de vista económico. Las plazas en residencias, centros de día u ocupacionales son insuficientes, y la autonomía personal, sigue siendo paradójicamente, el aspecto más abandonado de la Ley de la Dependencia. De las 71.503 personas beneficiarias de la ley en el País Valencià, tan sólo 6 reciben esta prestación.

En nuestra última reunión con la Vicepresidenta Mónica Oltra le expusimos también nuestra preocupación sobre el gran número de solicitudes de revisión por agravamiento que hace años que están esperando una nueva valoración, y que por lo tanto, estarían recibiendo prestaciones inferiores a su grado actual o disfrutando de un recurso que no es el adecuado. Se da particularmente esta situación en personas mayores, que en el momento de ser valoradas por primera vez, padecen alguna demencia pero que son capaces de desarrollar lo que se denomina «actividades básicas de la vida diaria» por lo que son valoradas con un grado 0 ó 1 a lo sumo, pero que apenas pocos meses después, y al tratarse de enfermedades degenerativas, y pese a que su estado corresponde ya a un grado 3, al no haber sido valorados de nuevo, no tienen acceso ni siquiera a plaza en un centro residencial. Solicitar una revisión de grado por agravamiento, prácticamente equivale a volver a empezar toda la tramitación, con lo cual, las familias se ven obligadas a ir haciendo frente con recursos propios las necesidades de las personas dependientes o al pago de una plaza en un centro residencial privado.

Por fin, y después de tres años, estamos a punto de cerrar uno de los frentes en los que esta Plataforma ha sido más combativa y que ha sido la devolución de las cantidades sustraídas ilegalmente por el anterior gobierno del PP en la Generalitat Valenciana en las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, el copago en centros y por fallecimiento de personas dependientes que no habían llegado a recibir la prestación que se les había reconocido entre 2012 y 2015. Según datos de Conselleria, estaríamos hablando de unos 12.000 casos en todo el País Valencià, y unos 1.500 en la provincia de Castelló. A partir de este mes de diciembre se estima que se pagarán 18,4 millones de euros a alrededor de 4.000 personas, las afectadas por las minoraciones en las prestaciones, en primer lugar, para continuar con la devolución del copago que se impuso en centros y la indemnización a los herederos de las personas fallecidas. Agradecemos a la vicepresidenta Oltra su compromiso en esta cuestión y valoramos muy especialmente los esfuerzos dedicados a reparar en daño causado durante tantos años por las políticas antisociales de otros gobiernos en el pasado.

Con todo lo expuesto anteriormente, y a pesar todavía del enorme lastre que seguimos arrastrando, comenzamos a percibir por primera vez, avances considerables en la gestión de la dependencia. Avances que requerirán de muchos esfuerzos económicos y de recursos materiales y humanos, y sobre todo, de que se continue con la voluntad política de querer llevarlos a cabo que se ha tenido en estos últimos tres años no es lo mismo que existir. La diferencia está en hacerlo con dignidad. 12 años después seguimos exigiendo el cumplimiento íntegro de la Ley de la Dependencia.