La portavoz del Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Laura Alcaide, ha valorado la decisión del Gobierno central de que las prácticas remuneradas de los estudiantes coticen a la seguridad social. Tal como expone Alcaide, el anuncio «supone un avance en los derechos del estudiante». En declaraciones a Levante de Castelló, Alcaide señala que «lo valoramos de forma muy positiva ya que se trata de un avance los derechos de los estudiantes». «Siempre hemos defendido que los estudiantes sean remunerados por su desarrollo de una actividad laboral porque, se trata de una formación pero, a su vez, desarrollamos actividad laboral dentro de las empresas o instituciones, por lo que se trata de acercarnos un pasito más,», añade la representante de los estudiantes.
No obstante, Alcaide muestra también su «preocupación» por la forma en la que debe aplicarse ya que, según dice, «mal aplicada puede afectar al estudiantado». Es por ello que desde el Consell del Estudiantat «solicitamos que se establezcan conversaciones con todos los actores implicados para poder generar una hoja de ruta segura en la que el estudiantado no seamos los afectados por la medida». En cuanto a que tenga que ser o no las universidades las que asuman el coste, Alcaide apunta que es una tema «a debatir», ya que «dependiendo de cómo se aplique la medida recaerá en unos o en otros». «Es por ello la necesidad de comenzar a establecer diálogo entre las universidades, el gobierno y los estudiantes. No creemos que perjudique de manera negativa al desarrollo de proyectos educativos, lo que se debe hacer es reservar partidas presupuestarias desde las instituciones públicas que garanticen el no decrecimiento de la oferta actual de prácticas en las universidades públicas», afirma.
Cabe señalar que la decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez de que todos los alumnos universitarios de grado y máster coticen en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) durante sus prácticas académicas externas, independientemente de que sean remuneradas o no, ha levantado en pie de guerra a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Esta medida, introducida mediante Real Decreto Ley el pasado 29 de diciembre, solo a las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana les puede acarrear un impacto económico de 4 millones de euros anuales al estar obligadas a dar de alta en el RGSS a los más de 10.600 alumnos que cada año hacen prácticas en instituciones públicas o empresas.
Hasta ahora el Gobierno solo obligaba a cotizar por las prácticas remuneradas, por lo que el pago correspondía a las empresas. Además, en el caso de las prácticas curriculares, aquellas que son obligatorias para los alumnos al formar parte de los planes de estudio como una asignatura más, estaban bonificadas al 100 % por la Seguridad Social. Bonificación que desaparece en la nueva regulación.
La CRUE «celebra el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social», pero alerta de que la obligatoriedad de cotización de las prácticas curriculares «podría acarrear un grave problema económico, difícilmente asumible para las universidades, que se añadiría al actual déficit estructural de la financiación». No hay que olvidar que las universidades públicas valencianas reciben la misma financiación del Consell que hace una década.
En el caso de las prácticas curriculares no remuneradas que se realizan en hospitales o en centros educativos públicos, las universidades advierten de que «no resulta plausible que otras administraciones quieran y puedan asumir el coste de las obligaciones con la Seguridad Social».
En cuanto a las prácticas curriculares en empresas y/o entidades, los rectores destacan que «la mayor parte de las prácticas (sobre todo las de los grados) son no remuneradas», con lo que si las universidades no pueden asumir las cotizaciones y las entidades colaboradoras no estan dispuestas a hacerlo, «disminuirá significativamente la oferta formativa».
En el caso de las extracurriculares, los rectores consideran «lógico» que, cuando éstas sean remuneradas, «las empresas se hagan cargo de la cotización correspondiente, y que las no remuneradas se vean exentas de esta obligación».
