Una de las causas que las organizaciones agrarias atribuyen a la crisis estructural del sector citrícola de Castelló está en el desequilibrio que se produce entre el precio que recibe un agricultor y el que luego se traspasa en los supermercados. Un kilo se vende en origen en Castelló entre 0,15 y 0,20 euros y un consumidor lo compra por 7 euros en Alemania. La Unión Europea ha decidido legislar contra el «abuso» de los intermediarios en la cadena alimentaria. Al respecto, ya han alcanzado un acuerdo la Comisión Europea, el Consejo de Europa -integra a los estados miembros- y el Europarlamento para atajar las «prácticas desleales», según destaca la eurodiputada socialista, Inmaculada Rodríguez Piñero.
«Si no se pone el foco en el verdadero problema nunca habrá una solución para el sector», resalta la diputada, que subraya que esta iniciativa fija unas condiciones para reducir el desajuste existente entre los ingresos que recibe el agricultor y el que establecen posteriormente los grandes comercios. Esta normativa afecta al conjunto de la actividad agrícola, pero tendrá incidencia especial en la citricultura. La Comisión Europea presentó su propuesta en abril de 2018 y ahora se acaba de materializar un consenso entre la Comisión, el Europarlamento y los estados. Una vez se ratifique se deberá trasladar a la legislación española.
Según la información facilitada por Rodríguez Piñero, la «nueva legislación europea regulará los productos agrícolas y alimenticios que se comercializan en la cadena de suministro de alimentos y prohibirá por primera vez hasta 16 prácticas comerciales desleales». Esta regularización, añade, se aplicará en cualquier agente que participe en la cadena de suministro de alimentos como minoristas, empresas de transformación de alimentos, mayoristas, cooperativas o productores. Entre las prácticas que se prohibirán están las demoras en los pagos de productos perecederos, como los cítricos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o el rechazo de contratos escritos.
Concentraciones
La plataforma per la Dignitat del Llaurador, que integra a las organizaciones sectoriales y a 14 ayuntamientos de Castelló, ha vuelto a convocar movilizaciones para el lunes, a las 20 horas, con el lema «la defensa de nuestro citricultura ante las políticas de la Unión Europea». Participarán 30 poblaciones de Castelló, València y Tarragona, concretamente, Nules, Borriana, la Vilavella, Vila-real, Castelló, Onda, Almassora, Moncofa, Betxí, la Llosa, Almenara, Xilxes, la Vall d'Uixó, Alqueries, Artana, Torreblanca, Benifairó de la Valldigna, Vinaròs, Alcanar, Algemesí, Bellreguard, Benicarló, Potries, Castellnovo, Xeresa, Tevernes, Sagunt, Xeraco, Carlet y Cullera.
Los citricultores ampliarán sus reivindicaciones en un segundo manifiesto. Así, además de exigir la modificación del tratado entre la UE y seis países del sur de África y los refuerzos de los controles fitosanitarios en dichas importaciones, reclamarán a la UE que aplique ayudas directas a los productores que han registrado pérdidas a través del mecanismo que se activó cuando se aprobó el veto ruso.
Promoción de la diputación
La Diputación de Castelló elevará este año a los 987.000 euros su inversión directamente destinada a impulsar el consumo de productos agroalimentarios de la provincia. Castelló Ruta de Sabor ha conseguido aglutinar a más de 100 productores de 15 sectores.
