La posibilidad de que el cese de Ali Brancal como vicealcaldesa de Castelló acabe en los juzgados dependerá de la propia afectada y no tanto de Compromís, formación a la que pertenece y que siempre se ha mostrado contraria a aplicar el Código de Buen Gobierno por su investigación.

Según anuncia la portavoz adjunta de la coalición nacionalista, Verònica Ruiz, «asumimos el acuerdo plenario y no hay posibilidad de recurrir». Las declaraciones, realizadas ayer al término de la Junta de Gobierno Local, matizan al portavoz de la misma formación, Ignasi Garcia, quien el jueves reiteraba a Levante de Castelló que Compromís «no descarta nada» respecto a recurrir por la vía administrativa el acuerdo plenario, o incluso llevar el tema ante los juzgados a través de un contencioso-administrativo.

En este sentido, la decisión de litigar contra el Ayuntamiento de Castelló por la destitución corresponderá solo a Brancal, que parece estar deshojando la margarita en las últimas semanas. Quizás porque existe un precedente no muy lejano en el tiempo, que provocó la primera crisis de gobierno en el bipartito a mediados de 2018. Se trata del relevo de Juan Ángel Lafuente (PSPV) como director de la Oficina de Proyección y Planificación Económica.

Su nombramiento en febrero a cargo de la alcaldesa socialista, Amparo Marco, estuvo envuelto en polémica y derivó en un despido meses después (en concreto, en julio) por la presión del resto de partidos políticos. Contra esa decisión del equipo de gobierno, el propio protagonista apeló, primero, con la presentación de alegaciones en los servicios jurídicos del consistorio, recurso que perdió; y más tarde con una demanda ante el contencioso-administrativo. La reclamación, solicitando 5.000 euros en concepto de salarios, se quedó en nada.

Brancal podría ahora estar valorando seguir el mismo camino a propósito de su cese, que ayer la Junta de Gobierno Local ratificó en una votación un tanto peculiar. De los 10 componentes, los seis del PSPV-PSOE respaldaron en bloque la destitución, mientras que los otros tres integrantes de Compromís (la afectada estaba excluida del proceso) dividieron sus votos: Enric Porcar y Ruiz se abstuvieron y Garcia avaló la decisión de la mayoría.

«Para poder asumir el acuerdo plenario, a pesar de no estar de acuerdo con él, hemos concluido que un miembro al menos de Compromís tenía que votar a favor, y el resto nos hemos abstenido como gesto de apoyo a Ali Brancal», quien «seguirá trabajando para el municipio que la ha votado, porque no lo entiende de otra manera», asevera Ruiz.

Pendiente de la publicación

El cese de la exvicealcaldesa será efectivo cuando aparezca publicado tanto en la web municipal como en los boletines oficiales, lo que sucederá en breve.

No obstante, desde ayer las asignaciones de las delegaciones de Participación Ciudadana, Vivienda e Igualdad están repartidas entre los ediles de Compromís después de firmar la alcaldesa, Amparo Marco, el decreto de dación de cuentas.

Brancal, junto al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, está investigada por presuntos delitos de malversación y falsedad.