El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja contrarreloj para reformar el sector de la estiba antes de que concluya esta breve legislatura. El Ejecutivo central debe culminar el proceso de liberalización de la actividad profesional en los muelles de los puertos de interés general (unos 6.100 empleados fijos en España, de los que 1.500 pertenecen al Puerto de València) que puso en marcha el anterior ejecutivo del PP con la aprobación -en mayo de 2017- del Decreto Ley que modifica las condiciones de contratación y de las empresas. Así lo exigió la Comisión Europea hace un lustro bajo amenaza de una sanción millonaria al Gobierno de España.
La comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana una Proposición no de Ley (PNL) -con el visto bueno por unanimidad de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos- que insta al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto. Y así piensa hacerlo, según han asegurado fuentes del Ministerio de Fomento. Después de dos años, el Reglamento que debe desarrollar el nuevo de la estiba no se ha aprobado, lo que deja en el aire los convenio colectivos entre las empresas estibadoras y los sindicatos y, por tanto, crea inseguridad jurídica.
Subrogación de empleados
En busca de un marco regulatorio estable es clave es garantizar la subrogación de las plantillas actuales a las nuevas empresas -hasta ahora sólo había una en cada puerto- llamadas Centros Portuarios de Empleo (CPE). Este asunto no lo tiene claro Competencia, que ha abierto un expediente sancionador contra la patronal del sector Anesco y los sindicatos tras el decreto-ley . También deben desarrollarse determinados aspectos como las ayudas para prejubilaciones de trabajadores,formación o la constitución de los citados CPE, que podrán convivir con Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para prestar servicios laborales en los grandes emplazamientos portuarios españoles de transporte de mercancías.
Según la patronal Anesco, controlada por grandes navieras, la iniciativa aprobada insta al Gobierno «a utilizar los instrumentos jurídicos necesarios para completar el régimen jurídico de la estiba, de forma que, con el máximo consenso posible en el sector y respetando los principios de la normativa europea conjugando los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores». Así lo recogió la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 11 de diciembre de 2014.
En ese sentido, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras considera «positiva» dicha luz verde a la Proposición no de Ley sobre la necesidad de culminar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria. Para los dirigentes de Anesco esa iniciativa supone un paso adelante en la «necesaria consecución de un marco legal que otorgue seguridad jurídica a esta actividad económica en los puertos».
