La vivienda que en la actualidad ocupa Alegría y su familia es un precario e insalubre maset, emplazado en el callejón de Enmedio, en la intersección con la avenida Gimeno de la capital de la capital de La Plana. La casa no tiene luz ni agua potable y su estructura, pese a los arreglos realizados por Demetrio, amenaza derrumbe ante una hipotética meteorología adversa (inundaciones o temporal de viento). Los techos están agrietados y por todos los rincones y paredes de la casa rezuma la humedad.
«Aquí [en el maset] llevamos ocho años. Ocupamos la vivienda cuando estaba embarazada de mi hijo de ocho años. Estaba sin puertas y sin ventanas y no había ningún vallado. Las mejoras los hemos realizado nosotros. Solo disfrutamos de agua potable seis meses, porque Facsa la cortó. También nos denunció Iberdrola por un enganche que había a la red y ahora tenemos un generador, que usamos para lo básico porque consume mucho combustible, es decir, para bañarnos y para que los niños vean un poco la tele», explica la mujer.
Al deteriorado estado de la casa, se suma una orden de desahucio precario a raíz de una denuncia del dueño, que dos años más tarde el juzgado no ha ejecutado.
Para Alegría, la prioridad y la urgencia de una vivienda digna está vinculada a la salud de sus hijos. El pequeño de 8 años sufre, además de otras dolencias, alergias a plantas ácaros, polvo y humedad. Los facultativos le han recomendado un ambiente adecuado, muy alejado del actual hogar en el que vive. Y el muchacho de 11 años sufre asma y precisa de ventolín continuado. Alegría exhibe la correspondiente documentación sanitaria que acredita sus afirmaciones sobre la delicada salud de sus dos hijos.
La carrera de Alegría por conseguir una vivienda social se remonta a 2001, cuando cursó la primera solicitud al entonces IVVSA y ahora IEG. «Cada año he renovado la solicitud y siempre la respuesta ha sido negativa. Nunca me dijeron que puntuación tenía. Pero el año pasado sí me dijeron que mi expediente estaba puntuado con 372 puntos, y por tanto apto para lograr una de las casas que se iban a reformar en el Grupo San Lorenzo. En la última petición incluimos dos nóminas de mi marido de 800 euros, y por eso volvieron a bajarme la puntuación, y me quedé fuera», relata.
«Me dijeron que la puntuación bajó por los ingresos de mi marido, que ahora esta de nuevo en el paro», añade. «¿Pero si me lo rechazan ahora porque mi marido cobraba 800 euros, por qué en años anteriores que mi marido no trabajaba también me la denegaron», se pregunta con estupor la mujer.
Comenta que en paralelo a su solicitud a la Generalitat había cursado también, hasta hace cuatro años, la petición para optar al parque municipal de vivendas sociales. «Desistí de presentar la solicitud al Ayuntamiento, porque ya estaba cansada y decepcionada de recibir año tras año un no a mi a demanda», dice. «No obstante, desde la Concejalía de Bienestar Social me han comunicado, que vuelva a presentar la documentación, que por otra parte, ya está en el Ayuntamiento desde hace cuatro, y me han citado para el lunes», añade.
Pese a los reveses recibidos, Alegría no tira la toalla y aún se ilusiona pensando que en cualquier momento su demanda tendrá eco en la Administración y acabará su calvario. «Lo primero es la salud de mis hijos, y para ello necesito un hogar digno. Y en segundo lugar, no creo que después de 18 años porque aporte dos nóminas de 800 euros sea suficiente motivo para volver a rechazar la petición».
Alegría afronta esta nueva fase de su batalla por un hogar digno en período de gestación y con la incógnita si tendrá asistencia médica reglada: «Estoy embarazada de tres mes, mi marido está en paro y necesitamos empadronarnos para poder tener un médico asignado para mí y para mis hijos», remarca.
Desde la llegada al maset, Alegría y su familia ha estado empadronada, hasta el pasado mes de octubre, en domicilio de su suegro, en el Grupo San Lorenzo.
Apoyo socioeconómico
El concejal de Bienestar Social, José Luis López, del PSPV, asegura que el Ayuntamiento de Castelló es conocedor de la situación y necesidades de esta familia. «En este caso hay dos aspectos, la situación socioeconómica de la familia y su necesidad de una vivienda. En el primer apartado, la concejalía le viene prestando apoyo tanto económico, con tramitación de prestaciones como la renta de inclusión, y seguimiento de intervención educativa de los menores con el objetivo de que tengan asegurados todos los servicios y sufran las mínimas consecuencias», explica el edil.
«Pero la vivienda, no es competencia de mi área, sino de la oficina municipal de vivienda. Hemos trasladado a esa oficina el informe en el que recalcamos la importantísima necesidad que tiene esa familia de una vivienda. Ello no quiere decir que me quite responsablidad, porque tenemos y mucha, pero no gestionó el parque público de vivienda, ni municipal ni del Consell», añade.
