La retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta estará un poco más cerca de convertirse en realidad a finales de la semana próxima. Un par de días antes del comienzo de la Magdalena, la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, firmará el decreto para impulsar definitivamente la tramitación administrativa. Lo hará después de que el secretario del Ayuntamiento de Castelló haya finalizado el esperado informe jurídico que justifica la necesidad de aplicar la Ley de Memoria Histórico con el símbolo franquista.
El documento, de más de 40 folios, recoge numerosas sentencias, normas, jurisprudencias y actas plenarias que avalan la decisión del equipo de gobierno.
Por tanto, consumado el expediente jurídico, de obligado cumplimiento legal para avanzar con el procedimiento, el siguiente paso se centrará en redactar y rubricar, a cargo de la titular de Cultura, el correspondiente decreto. Una firma que, según la propia Ruiz, se producirá en unos días (o al menos es su deseo). «Espero tener la semana que viene una propuesta de decreto para firmarla y, con ello, abrir el plazo de alegaciones». Ese periodo para interponer alguna reclamación en contra de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica se alargará 15 días.
A partir de ese momento, dependiendo de la existencia o no de alegaciones, así como de su complejidad, la tramitación administrativa entrará en su recta final para comenzar las obras de retirada del símbolo franquista antes de concluir la presente legislatura, esto es, antes del 26 de mayo.
«Acabado eso [resolución de reclamaciones], la administración seguirá adelante, salvo que un juzgado decida la paralización», aclara Ruiz.
En este sentido, cabe recordar que la Asociación de Abogados Cristianos, que además asesora a la Plataforma en defensa de la cruz del Ribalta, ha amenazado en repetidas ocasiones con acudir a los tribunales si el ayuntamiento no da marcha atrás a propósito de la supresión de la cruz de Ribalta. Incluso, sus portavoces han amagado con interponer diferentes querellas contra los miembros del equipo de gobierno, y especialmente contra la concejala de Cultura.
«No me gustan las amenazas. Que ellos hagan [Abogados Cristianos] lo que consideren dentro de la legalidad, que nosotros haremos lo mismo. En todos los municipios donde se ha aplicado la Ley de Memoria Histórica han presentado recursos y han acudido al juzgado, y en todos han perdido», asegura Ruiz.
Para la eliminación de la cruz, el Ayuntamiento de Castelló, con la autorización de la Conselleria de Cultura, adjudicará los dos proyectos urbanísticos necesarios. Por un lado, el correspondiente a la retirada del símbolo en sí -que incluirá actuaciones arqueológicas en la zona-. Y, por otro, el referido a la ampliación del parque (el arbóreo) para mejorar las condiciones del espacio afectado.
