Tanto la familia como el abogado de Hasán En Naciri continúan sin noticias suyas desde que se inició el procedimiento de expulsión tras su traslado del Centro de Internamiento de Inmigrantes de València al de Algeciras, pese a que según la defensa, ayer se cumplió el plazo de 48 horas desde que se inició el trámite.
La mujer de En Naciri intentó ayer contactar sin éxito con familiares que residen todavía en Marruecos para recabar información sobre su paradero.
Antonio Pérez, abogado de Hassan, indicó que podría encontrarse tanto en suelo español como haber llegado ya a territorio marroquí y estar pendiente de los trámites de este país.
Si bien, Pérez matizó que pese a las declaraciones emitidas el lunes sobre el caso por la Delegación del Gobierno, «la expulsión no fue solicitada por Hasán, sino que fue a instancias de la Audiencia Provincial de Teruel», dijo. Cabe recordar que fue condenado a tres años de prisión por un delito contra la salud pública en 2016. En octubre de este año la Audiencia de Teruel propuso conmutar la pena por otra de expulsión de siete años del país.
«Este hombre se opuso y el ministerio fiscal informó negativamente, aunque la Audiencia lo acordó así desestimando también los recursos posteriores. Él lo que no quiere es irse, prefiere cumplir condena en España», añadió la defensa de En Naciri.
Entre las próximas acciones que plantea la defensa se encuentra la posibilidad de mantener una reunión con el Fiscal Jefe de Teruel esta semana, así como la solicitud del habeas corpus, un procedimiento que reclama la puesta inmediata a disposición judicial de Hasán al considerar «ilegal» su detención.
Tres hijas en España
Hassan En Naciri reside desde el año 2004 en Alcalà de Xivert y en la actualidad está casado y tiene tres hijas menores de 7, 5 y 2 años. La mayor de ellas ya tiene la nacionalidad española y la de cinco años está tramitándola.
Según la defensa de En Naciri, la Delegación del Gobierno en València no ha tenido en cuenta la revisión a la que obliga la Fiscalía transcurridos más de dos años desde la orden de expulsión, que se dio en octubre de 2016 y no había sido ejecutada.
Así mismo, la expulsión sería contraría al ordenamiento jurídico por la condición de española de una de sus hijas ya que se obligaría a una ciudadana española menor de edad a viajar fuera del país para ver a su padre.
