El Ayuntamiento de Puçol tendrá que abonar antes de que termine este mes de enero cerca de 300.000 euros a una familia de la localidad por la expropiación de una parcela para la edificación de la Plaça Lluís Vives. En comparación con otras expropiaciones forzosas cuyo pago han tenido que afrontar los consistorios de la comarca „como el de Godella, condenado a abonar 16 millones a una congregación religiosa por 26.000 metros cuadrados de bosque„, esta de Puçol resulta más o menos asequible, pero el caso ofrece una serie de particularidades llamativas: de los 299.047 euros cuyo pago ya se ha contemplado en el presupuesto municipal de este año, sólo 35.635 euros son por el justiprecio fijado por los tribunales, del que el ayuntamiento ha cubierto ya 110.255 euros.

El resto, 259.622 euros, se pagará en concepto de intereses legales acumulados desde que se aprobó la expropiación „nada menos que hace 29 años„, de una parcela de suelo de apenas 56,9 metros cuadrados. Efectivamente, fue en 1984 cuando el Ayuntamiento de Puçol, gobernado entonces por el socialista José Vicente Cuello, aprobó el pliego de condiciones para la construcción de una nueva plaza en el barrio de Hostalets proyectada el año anterior. En este pliego se incluía la ocupación de la parcela particular de 57 m2 que en el plan general de ordenación urbana (PGOU) figuraba como «suelo público», por lo que el consistorio se negó a abonar ninguna cantidad al propietario.

No fue hasta 1999 cuando el dueño de aquella porción de terreno peatonal reclamó al ayuntamiento (encabezado ahora por el también socialista José María Iborra) una cantidad de dinero por el suelo expropiado, negándose a ello de nuevo el ejecutivo local alegando la declaración «pública» que pesa sobre la parcela. En 2001 el propietario recurrió a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estableció que, efectivamente, el ayuntamiento tenía que pagar por la ocupación de la parcela.

A 2.543 euros el metro cuadrado

El precio final que establecen los tribunales por estos 57 metros cuadrados de suelo es de 145.000 euros, a repartir entre los cuatro herederos del dueño de los mismos, y en los que se incluye una indemnización complementaria del 25 % sobre el precio fijado. Esta cantidad no incluye los intereses. En 2008 el Ayuntamiento de Puçol abonó 110.255 euros a los herederos pero volvió a recurrir contra el justiprecio marcado, lo cual fue rechazado e incluso hizo aumentar la indemnización por la expropiación. El pasado julio de 2012 la sala 3 del Tribunal Supremo rechazó de forma definitiva la casación presentada por el consistorio. Tras haber abonado ya 110.225 euros, el consistorio puzolano se enfrenta a la obligación de pagar los 35.635 euros que le restan del justiprecio, que se han incluido en el capítulo de inversiones.