El Ayuntamiento de Moncada ha remitido al juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valencia el expediente de la aprobación de las cuentas de las empresas municipales Moncada Servicios Urbanos SA (MSU) y Promoción Económica de Moncada SA (Pemsa) después de que el órgano judicial admitiera la demanda interpuesto el pasado julio por los nueve concejales del PSPV, Compromís y EU ante «la negativa de acceso a la documentación» por parte del gobierno local del PP.

El juzgado consideró procedente la demanda de los partidos de la oposición y dio cinco días al ayuntamiento para que le remitiera el expediente administrativo correspondiente a las cuentas anuales de 2012 de las dos firmas controladas por el ayuntamiento, así como los informes y datos que estimase procedentes.

Según recoge el recurso interpuesto en el juzgado, los ediles de la oposición solicitaron al alcalde Juan José Medina (PP) el acceso a los contratos, nóminas extractadas, facturas y demás documentación que habían servido para confeccionar las cuentas de Pemsa y MSU que iban a presentarse en las juntas generales del 19 de junio. Además, los concejales que renunciaron a ser consejeros de las mercantiles por la falta de información a la que les sometía el PP, pedían que las juntas no se celebraran hasta que, como miembros de la corporación, examinasen el soporte de las cuentas.

La respuesta del alcalde fue que las juntas no iban a suspenderse y, por lo tanto, las cuentas de 2012 iban a aprobarse, con o sin el voto de la oposición, ya que el PP tiene mayoría de miembros, pues «existen razones objetivas para mantener la convocatoria» y que., además, se había cumplido «escrupulosamente los requisitos exigidos por los estatutos sociales y la ley de sociedades del capital». Además, el informe de los gerentes subrayaba que existía la obligación de reunir la junta general dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.

Concha Andrés (PSPV), Cristina Noguera (Compromís) y Vicente Conejero (EU) han destacado en declaraciones a este periódico el «secretismo brutal» que, a su juicio, rodea las cuentas de las dos empresas municipales y del propio ayuntamiento. «Se deriva mucho dinero por resolución de alcaldía y no se informa de los préstamos y avales ni de los continuos traspasos de personal entre Pemsa, MSU y el ayuntamiento señalaron. Pensamos que es porque en cuestiones de economía y de personal tienen muchas cosas que ocultar. Si lo tuvieran claro no nos negarían la documentación».

Por su parte, el alcalde Juan José Medina ha anunciado que el ayuntamiento, Pemsa y MSU se personarán por separado en el procedimiento judicial y culpó a los portavoces de PSPV, Compromís y EU de haber solicitado la documentación sin seguir el procedimiento correcto. «Hasta un día antes de la celebración de la junta no especificaron cuál era la información que solicitaban aseguró ayer el alcalde. Hay un año de facturación entera, ¿cómo vamos a entregársela de un día a otro?». Aunque el ayuntamiento fue obligado en mayo por un juez a entregar al PSPV decenas de facturas de dos empresas de comunicación, Medina señaló que «la única que ha sido condenada personalmente por no entregar una documentación ha sido Concha Andrés cuando era alcaldesa».