Finalmente se ha cumplido el guión y el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP, y el excoordinador general de Asuntos de Alcaldía y hombre fuerte de Torró en la pasada legislatura, Javier Reig, tendrán que declarar como investigados (antes imputados) ante el juez que lleva la causa por la compra de la bolera del hotel Palace de la playa.

Hace dos semanas, este periódico publicaba que la Fiscalía había solicitado al juez de Gandia la acusación de los dos dirigentes locales por un presunto delito de prevaricación al hallar irregularidades en la adquisición, por parte de la empresa pública de Gandia, IPG, de un recinto que albergaba varias salas de cine y que estaba valorado en más de 6 millones de euros. La operación suponía perdonar 1,3 millones en concepto de IBI a Vipei, propietaria del complejo.

Reig, abogado de profesión, actualmente asesor del grupo municipal y que en el momento de la operación era vicepresidente de la mercantil, confirmó ayer a Levante-EMV su encausación. Señaló que aún no tienen fecha para declarar y se mostró «absolutamente tranquilo» porque «no hay prevaricación de ningún tipo». Reconoce que «era lógico» que el juez les investigara en tanto que así se lo había pedido la Fiscalía. Defendió, una vez más, que «todo se adecua a la legalidad» y está convencido de que el proceso «no irá a ninguna parte», por lo que tanto él como Torró quedarán finalmente libres de la acusación.

Considera que «lo que ha ocurrido es que tenía seis meses para investigar y se ve que se le ha pasado el tiempo y por eso ha enviado lo que tenía al juez».

Por su parte, Arturo Torró, aseguró que se trata «del procedimiento normal: la fiscalía pide la acusación y el juez la activa. Luego la archivará o seguirá adelante». Dice que «el juez hace lo que tiene que hacer».

La Fiscalía de Valencia inició la investigación a raíz de la documentación remitida por Vicent Mascarell, que en la pasada legislatura formaba parte de la oposición en el PSPV. Tras analizarla, el fiscal vio indicios de delito, por lo que decidió remitir la causa al juez, que ahora ha decidido acusar a los dos dirigentes populares.

Nuevo varapalo judicial

La Operación Aplauso supone, por tanto, el segundo varapalo judicial para Arturo Torró. El pasado verano, el exalcalde fue llamado a declarar en calidad de imputado por el juez que investiga la trama Púnica con la intención de aclarar la contratación con una empresa local que fue contratada en innumerables ocasiones durante la pasada legislatura, la mayoría de ellas a dedo.