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Regina Laguna, Valencia

A 29,5 millones de euros asciende la diferencia entre el valor real de los terrenos cedidos por el ayuntamiento al Valencia CF para la construcción del nuevo estadio del Mestalla y los solares más la cantidad pactada que recibirá a cambio el consistorio con motivo de la permuta aprobada en el Pleno municipal tras las recalificación de los terrenos en dos ocasiones. La alcaldesa Rita Barberá aceptó una tasación del club sólo por el valor del estadio de 45.300.000 euros que no incluyen los usos de aprovechamiento, cuando lo que valen en realidad con las dos recalificaciones que permiten el uso para oficinas, comercial y hostelero asciende a casi 75 millones.

Tras una denuncia vecinal por este "trato de favor", la Fiscalía de Valencia ha estimado que hay indicios de criminalidad y considera responsables de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la alcaldesa Rita Barberá; al concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, y al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, presentes en las recalificaciones.

Según el informe del fiscal, los tres participaron en este convenio "a sabiendas" de que estaba siendo infravalorado para favorecer al club de fútbol en detrimento del interés general de los ciudadanos.

Denuncia de los vecinos

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación criminal hace más de seis meses tras la denuncia de la asociación de vecinos "Cercle Obert" de Benicalap, sobre el "trato de favor" que se le estaba dando al Valencia CF, entonces bajo la presidencia de Juan Soler -conocido constructor- para levantar el nuevo estadio del Mestalla.

Los vecinos de la zona reclamaban que se conservara el "uso público de estos terrenos tal y como fueron reservados en el Plan General de Ordenación Urbana, para equipamientos públicos". En su denuncia señalaban también que "Benicalap, Campanar, Beniferri, Marchalenes, Zaidia y Torrefiel carecían de zonas deportivas públicas o centros sociales y juveniles para el desarrollo de todos los valencianos".

El 20 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Valencia ratificó la permuta sobre los terrenos del nuevo Mestalla, por la que cedería al Valencia CF un solar de 80.000 metros cuadrados en la Avenida de las Cortes Valencianas que estaba calificada como de uso deportivo público, a cambio de 19 solares aún por determinar y 17 millones de euros que el club debería entregar.

Para ello, el ayuntamiento -que aún no ha recibido los solares ni el dinero- modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recalificando el terreno en uso deportivo privado. La Fiscalía destaca que en este primer momento ya se incurrió en prevaricación y en malversación de caudales públicos, ya que se aprobó "sin establecer los terrenos que se iban a dar a cambio" y, por tanto, se desconocía su valor.

A lo largo de la investigación, el fiscal encargado del caso tomó declaración a varios técnicos del ayuntamiento, pidió documentación y encargó una pericial basada en la tasación de los terrenos. Fue ésta la prueba definitiva del "trato de favor" por parte del Ayuntamiento de Valencia con el club de fútbol -una sociedad anónima privada con ánimo de lucro- en detrimento del interés general de todos los valencianos.

La prueba de cargo es la valoración de los terrenos en la Avenida Cortes Valencianas que el ayuntamiento permutó por siete solares del Valencia CF más 17 millones de euros en metálico, de los que el consistorio aún no ha recibido nada pese a que el estadio se comenzó a construir el 1 de agosto de 2007 y ya se encuentra a medio levantar.

Indicios tras la tasación

El fiscal comenzó a encontrar indicios de delito cuando comprobó que el ayuntamiento había aceptado que el Valencia CF encargara la tasación a Gesval y que presentara justo dos meses antes, en junio de 2007, una valoración de los terrenos por 45.300.000 euros, "sin tener en cuenta los usos comercial y de oficinas" que incluían el proyecto del nuevo Mestalla.

A esta tasación acompañaba dos más, una de una empresa privada y otra de la Universidad Politécnica del Valencia, que se desestimaron. Hay que recordar que poco antes, el 23 de febrero de ese mismo año, el pleno del ayuntamiento había aprobado la primera recalificación de los terrenos. En ésta se aprobó el "uso compatible en la parcela para aprovechamiento comercial y de oficinas".

Pero, además, el Ayuntamiento de Valencia volvió a aprobar una segunda recalificación en mayo de 2008 -la que provocó la segunda denuncia de los vecinos- en la que "se permite el uso hotelero", lo que supone una modificación de la tasación que no se traduce en un cambio en el contrato de permuta.