Llevar como quien dice toda una vida en el segundo escalón de la Generalitat garantiza una situación económica saneada, pero sin grandes alegrías. En líneas generales, el patrimonio de los veteranos de la Administración popular no es especialmente abultado. Sería el caso, entre otros, del Interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, que declara un activo de 190.000 euros, la mayoría procedente de bienes no inmuebles. Otros históricos, que han sobrevivido a la etapa Zaplana, reflejan un patrimonio homologable a la clase media: Jorge Lamparero declara 124.000 euros de activo; Román Ceballos, 136.000 euros; Carmen Pérez, 205.000 euros; o Luis Ibáñez, 260.914 euros. La excepción en la parte alta la pondría Cristina Serrano, con propiedades cuyo valor catastral superan los 500.00O euros. En el extremo opuesto estaría el director de Inmigración, Josep Maria Felip, quien llegó a ser jefe de gabinete de Joan Lerma. Felip no declara ningún bien inmueble; su activo sólo es de 10.575 euros y carece de deudas.
