El abogado valenciano Enrique Vila, especializado en casos de adopciones, asegura que en España "ha habido tráfico de niños durante cuatro décadas" y pide, junto a la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, que la Fiscalía General del Estado abra una investigación.
Según dice, esta misma semana lo llamó una mujer para decirle que había comprado a su hija en 1979 en Melilla por casi un millón de pesetas. La mujer vive en Valencia y "lo ha confesado ahora porque quiere ayudar a su hija a buscar a sus padres biológicos", afirma.
La decisión del fiscal jefe de Algeciras (Cádiz), Juan Cisneros, de iniciar una investigación para determinar si al menos diez niños nacidos en los años 60 en el Campo de Gibraltar fallecieron realmente tras el parto o si, por el contrario, sus familias fueron engañadas, ha impulsado la iniciativa de este abogado valenciano y de la asociación.
La asociación se creó hace un par de años por uno de estos niños supuestamente "robados", Antonio Barroso Berrocal, que hoy tiene 41 años y vive en Vilanova i la Geltrú y un amigo suyo que tiene una peripecia vital paralela.
Los padres de Antonio vivían en esta localidad catalana, se marcharon un tiempo breve a Zaragoza y regresaron con un bebé y con una partida de nacimiento en la que figuraba que ellos eran los padres biológicos de aquel niño, Antonio Barroso Berrocal.
"La gente del pueblo lo sabía, los niños son muy crueles y siempre me decían que yo no era hijo de mi madre. A los 14 años intenté hablar con mi madre, pero se puso a llorar y lo negó todo", declaró Antonio. Para quedarse más tranquilo se hizo unas pruebas de ADN que descartaron que su madre, que hoy tiene 80 años, le diera a luz.
Denunció el caso en un juzgado de Zaragoza y "lo archivaron en quince días", de la misma forma que ocurrió en la Audiencia Provincial y, después en el Tribunal Supremo, que, como los demás, consideraron que en caso de existir delito éste habría prescrito.
La misma suerte corrió su amigo Juan Luis, cuyos padres eran amigos. De hecho así se lo confesó el padre adoptivo antes de morir. "Le dijo que habían pagado 200.000 pesetas por él, que mi padre le había acompañado a Zaragoza y que a mi también me habían comprado", agregó Antonio.
Tras los sucesivos archivos en los tribunales, los dos amigos fundaron la asociación Anadir, desde donde trabajan con el abogado valenciano, porque quieren que alguien "tire de la manta"."Robar a un niño y ponerlo a nombre de otro matrimonio no lo hace una persona sola, sino muchos: médicos, comadronas, funcionarios del Registro Civil...", apunta Antonio.
Por su parte, el abogado valenciano Vila ha explicado que legalmente el asunto no habría prescrito porque se trata de "un delito permanente" pues sus efectos, la inscripción falsa de una filiación, "todavía perduran" y solamente pueden repararlo quienes lo hicieron.
