El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta ha negado las acusaciones de trato de favor y las ha contextualizado en la precampaña electoral.

Arropada por el equipo de gobierno local, Castedo ha realizado una comparecencia sin preguntas en la que ha repartido una copia del escrito dirigido por el fiscal, Felipe Briones, al juzgado número 3 de Orihuela que lleva el caso Brugal, donde a partir de informes policiales se enumeran supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, además de constructor, dueño del Hércules CF.

El escrito de Briones facilitado por Castedo apunta a que ésta facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".

Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y (estadio) "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.

En su defensa, la alcaldesa ha subrayado que, salvo el viaje en el yate, todo es falso y ha mostrado facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo, por lo cual ha calificado el informe del fiscal de "sesgado y no contrastado". Además, ha afirmado que en las tres zonas urbanísticas mencionadas no ha habido incremento de edificabilidad o recalificación alguna y, en todo caso, que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió".