La deuda de las comunidades autónomas (CC.AA.) alcanzará los 120.000 millones de euros a finales de 2011, lo que significa un incremento del 19% respecto a los 101.000 millones correspondientes al tercer trimestre de 2010 y la cifra más alta de toda la serie histórica, según los datos hechos públicos ayer por la agencia de calificación crediticia Fitch.

La agencia considera en un informe que los presupuestos de las comunidades españolas obligan a limitar sus gastos para cumplir con el objetivo de déficit. Además, indica que, aunque los gobiernos regionales no han tenido que afrontar problemas para financiar sus préstamos, el coste de la deuda puede incrementarse a medio plazo hasta el punto de que algunas comunidades tengan que aplazar inversiones.

Este informe se hace público 48 horas después de que la ministra de Economía, Elena Salgado mostrara su convencimiento de que las comunidades iban a cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, tras indicar que el déficit medio en el tercer trimestre del año era del 1,24% del PIB (en el caso de la Comunitat Valenciana era del 1,82%). En ese caso, Salgado trataba de calmar los mercados tras el varapalo de otra agencia calificadora, Moody´s, que el pasado 15 de diciembre puso en revisión la nota de solvencia de España («Aa1»), entre otras cosas, por el déficit autonómico y las dudas sobre la capacidad del Gobierno para aplicar disciplina fiscal.

Fitch también ha analizado los presupuestos de las comunidades para el próximo ejercicio, a excepción de los de Cataluña y Baleares, y calcula que su gasto se reducirá un 6,5% en relación al de 2010. La agencia considera que las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno central son relativamente fáciles de cuantificar, como el recorte salarial de los funcionarios, pero puntualiza que las iniciativas similares de los gobiernos regionales «no son tan fáciles de seguir».

Además, incide en que algunas de las medidas de contención de gasto de las autonomías, como el estrechamiento del sector público, necesitarán más de un año para resultar efectivas.

La Comunitat Valenciana no es de las que salen mejor paradas en el informe. El descenso en la recaudación de impuestos y de la producción, junto a la inclusión de desgravaciones fiscales, no son el mejor caldo de cultivo para cumplir con los objetivos. De hecho, se hacen una serie de recomendaciones duras para cumplir objetivos: incrementar la presión fiscal, reducir el salario a los funcionarios, bajar los costes operativos, controlar las empresas públicas y retrasar las inversiones.

A pesar de todo, Fitch recalca que las cuentas para 2011 «ponen de manifiesto la voluntad de las comunidades de doblegar los gastos para limitarlos al máximo acordado con el Estado el pasado mes de junio, hasta el 1,3% del PIB regional para 2011».