La auditoría a la Generalitat pone el desnudo la promesa estrella del Ejecutivo de Francisco Camps para combatir la crisis económica: el conocido como Plan Confianza. La Sindicatura revela que la ejecución fue bastante pobre, ya que el Consell sólo invirtió en 2009 el 20% del dinero destinado a paliar la crisis y crear empleo. Así, de la inversión prevista de 1.715,8 millones millones, en 2009 se gastaron realmente 343,3 millones, un 20% de lo previsto.
De los 1.715 millones, 1.020 era para el plan de apoyo a la inversión productiva en los municipios; 360,8, para el programa de apoyo al empleo en la C. Valenciana; y 335, para el plan de apoyo a los sectores productivos. Sin embargo, el Consell, vía deuda, sólo financió 542 millones para el primer y tercer plan, mientras que otros 153,3 millones se dotaron mediante «economías de gasto». En total, 695,4 millones. No acaba ahí la cosa. La Sindicatura revela que, de estos recursos, 263,8 millones se trasladaron a 2010 al no haberse ejecutado en 2009. Para colmo, otros 88,3 millones se transfirieron para actuaciones del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). Sin embargo, el Servef dejó sin ejecutar respecto a su presupuesto 160 millones, con lo que, en realidad, si invirtió aquellos fondos de los planes anticrisis, no empleó muchos más para combatir el bache económico. El resultado es una ejecución efectiva en 2009 de los citados 343,3 millones. El Síndic precisa, eso sí, que la vigencia del plan local se extendió a este ejercicio y a 2011.
La evidencia sobre la falta de cumplimiento de las ayudas anticrisis fue aireada por el síndic socialista, Ángel Luna, en las Corts en el debate de presupuestos. Y la versión del Consell no tardó en llegar. El conseller Gerardo Camps se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa para analizar el informe. En su opinión, la Sindicatura constata que el Plan Confianza recibió en 2009 créditos por 695,4 millones de euros, lo que, al contrario de lo defendido por el PSPV, evidencia su «ejecución». El titular de Economía mantuvo que este importe corresponde principalmente a los planes de apoyo a los sectores productivos y al de lucha contra el desempleo, mientras que el de ayuda a los municipios el esfuerzo se centró en 2010 y 2011.
Elevada temporalidad
Por otro lado, como en ejercicios anteriores, la Sindicatura recomienda a la Generalitat que realice un análisis de las necesidades de personal de las conselleries en relación con la plantilla de puestos de trabajo estructurales para adaptarla a sus necesidades, dado «elevado número de puestos de trabajo temporal» en varias de ellas. En concreto, la auditoría revela que la Generalitat tuvo contratadas a 11.947 personas más que puestos de trabajo existentes en la plantilla de la Administración. El dato es la diferencia entre los 129.272 trabajadores contratados y los 129.272 puestos catalogados, aunque, de éstos, sólo estaban ocupados 117.325.
La morosidad castiga a las universidades
La Sindicatura de Comptes apunta que los retrasos de la Generalitat y de los convenios suscritos para la liquidación del Plan Plurianual de Financiación tienen un efecto «muy significativo» sobre el resultado presupuestario de 2009 y ejercicios anteriores y, «especialmente, sobre el remanente de tesorería, cuya cuantía es básica para la gestión ordinaria de las universidades». El Síndic cifra, a 31 de diciembre, la deuda pendiente de pago por la Generalitat a las universidades públicas valencianas en 975,99 millones por transferencias corrientes y por el plan de inversiones 1995-2003. El informe advierte que esta situación de deuda afecta significativamente a su situación financiera dado que los convenios convierten los derechos de cobro a corto plazo en derechos de cobro a largo plazo.
